Culiacán, Sin.— La mina San Rafael , ubicada en Cósala, sigue acumulando pérdidas estimadas en 150 mil dólares diarios en producción, esto desde enero pasado, cuando fueron bloqueados sus accesos y se produjo el robo de 40 toneladas de concentrado sin que las autoridades judiciales concluyan las investigaciones y detengan a los responsables.
El pasado 18 de septiembre, las autoridades federales del trabajo celebraron en Mazatlán un recuento de trabajadores, cuya votación favoreció al Sindicato Nacional de Napoleón Gómez Urrutia, pero la empresa Americas Gold And Silver no aceptó el laudo por considerar que se violentaron los derechos laborales; se incurrió en violencia y amenazas.
La empresa de origen canadiense notificó que la mina San Rafael —ubicada en la comunidad de la Higuera Larga, en el municipio de Cósala—, se mantiene cerrada con fuertes pérdidas económicas, por lo que analizan el punto de quiebre al que se puede llegar antes de determinar su cierre total, con perjuicio de miles de familias que dependen de la explotación minera.
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Expusieron que existen denuncias de saqueos, robos y daños, contra Yasser Beltran Kurioca , delegado regional del Sindicato Nacional Minero y trece personas más, sin que la Fiscalía General del Estado resuelva su situación jurídica, pese a las pruebas aportadas.
La mina San Rafael, que explota plata, plomo y Zinc, tiene una proyección de vida que vence en el 2022, por lo que preocupa que su explotación este paralizada desde hace diez meses, con un quebranto económico fuerte para la empresa canadiense.
Según la información dada a conocer, la mayor parte de los 327 trabajadores sindicalizados resienten en sus hogares las carencias económicas al no tener ingresos, y muchos de ellos se resisten a ser representados por el Sindicato de Gómez Urrutia.
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La empresa Americas Gold and Silver, con sede en Toronto, Canadá, —que desde el año 2016 le inyectó 420 millones de pesos a la mina para su operación— expuso que desde enero pasado, con diversas artimañas y argumentos falsos, se paralizaron las actividades en la mina, se, bloquearon sus accesos y se incurrió en diversos delitos, entre ellos varios saqueos.
Estableció que desde hace más de cinco meses pugnan ante la Fiscalía General de Sinaloa se avance en las carpetas de investigación que se abrieron contra el delegado sindical Beltrán Kurioca y trece personas más, por diversos delitos, sin que a la fecha se resuelva.
Se hizo mención que en el recuento de los trabajadores, se permitió el amago y las amenazas y con sólo 121 votos a favor, se otorgó el contrato colectivo al Sindicato Nacional de Mineros que representa Napoleón Gómez Urrutia, por lo que muchos trabajadores se niegan a ser representados.
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