Culiacán.— Con una proyección de vida productiva hasta 2022, la mina San Rafael, del municipio de Cosalá, ha sido víctima —desde enero pasado— de los delitos de despojo agravado, robo, así como ataques a la vías de comunicación y a los medios de transporte, con un daño económico de 20 millones de dólares, sin que las autoridades judiciales de la entidad intervengan.
La empresa Americas Gold and Silver, con sede en Toronto, Canadá, que desde 2016 inyectó 420 millones de pesos para la operación de la mina, estableció que desde enero pasado fueron bloqueados los accesos y se paralizaron las actividades, bajo una serie de falsos argumentos, como parte de una disputa ilegal del contrato colectivo de todos los trabajadores.
La compañía hizo notar que a más de cinco meses de haber interpuesto denuncias judiciales contra nueve personas, por saqueos y diversos daños a la empresa, entre ellos, el delegado del Sindicato Nacional Minero, Yasser Beltran Kurioca, hasta el momento priva la impunidad.
Proyecto de impacto
Este proyecto de explotación de la mina, ubicada en la comunidad de Higuera Larga, en Cosalá, fue diseñado para un periodo de vida de seis años, en el que se estima la extracción de un millón de onzas de plata, 50 millones de libras de Zinc y 20 millones de libras de plomo.
Su operación en la zona serrana de Cosalá tiene un impacto económico en poco más de mil 600 familias de la región, las cuales resienten el impacto negativo de su paralización desde el pasado 26 de enero, al igual que los 327 trabajadores de la mina.
La empresa Americas Gold and Silver mantiene su postura de no reiniciar actividades, por no aceptar el laudo que se emitió del recuento de trabajadores, cuyo proceso estuvo viciado y plagado de amenazas e irregularidades para favorecer al Sindicato Nacional Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Observó que en este recuento de trabajadores, celebrado el mes de septiembre, en la ciudad de Mazatlán, en el que privó un proceso viciado de origen, sin condiciones de equidad, en un ambiente de amenazas e intimidaciones hacia los trabajadores, con 121 votos, se le otorgó el contrato colectivo al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.
Los directivos de la empresa minera San Rafael mantienen la postura de no ceder a presiones ni chantajes, ni mantener una relación sindical con Yasser Beltrán o con los que han participado en el bloqueo, puesto que tienen interpuestas denuncias judiciales contra ellos, las cuales no se resuelven en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según la postula de la empresa minera canadiense, los actos de violencia, saqueo, impunidad y manipulación de las relaciones laborales sindicales, violentan los acuerdos establecidos en el nuevo tratado comercial de Estados Unidos, Canadá y México T-MEC.
