CIUDAD JUÁREZ.- Roberto Escalona Moreno dice que vio cómo mataban a dos personas la semana pasada cerca del hostal en el que se hospeda. El inmigrante cubano ya fue víctima de un asalto y sus amigos han sido acosados por la policía.
Moreno, de 22 años, es uno de más de 30 mil migrantes que buscan asilo en Estados Unidos pero que han sido obligados a permanecer en las peligrosas ciudades mexicanas, asediadas por el crimen y el narcotráfico, gracias a las políticas del gobierno del presidente Donald Trump para frenar el flujo de inmigrantes. Afirman que la espera de meses los pone en un riesgo cada vez mayor.
“Aquí no es seguro”, dijo Moreno, menos de una hora después de presenciar un tiroteo en Ciudad Juárez, del otro lado de la frontera con El Paso, Texas.
La violencia de los cárteles en Ciudad Juárez ha disminuido respecto a su punto más álgido hace cinco años, pero sigue siendo una de las localidades más peligrosas del mundo debido a la presencia de grupos que se disputan el control de las rutas del narcotráfico.
Con una población de 1.4 millones de personas, Ciudad Juárez registró 1.259 asesinatos en 2018, o aproximadamente cuatro veces más que el saldo letal de la ciudad de Nueva York, que tiene seis veces más habitantes. Otras localidades fronterizas, como Tijuana, también tienen altos índices de homicidio.
La semana pasada, un hombre fue asesinado a tiros durante la graduación de preescolar de su hijo en Ciudad Juárez, incidente en el que también falleció una niña de 4 años, según reportes locales. La policía federal recientemente liberó a tres víctimas de secuestro, incluyendo a un migrante hondureño, que estaban cautivos en una casa llena de supuestos miembros del crimen organizado.
Las personas que esperan ingresar a Estados Unidos se ven obligadas a aguardar al sur de la frontera debido a un par de medidas estadounidenses: una que reduce considerablemente el número de solicitudes de asilo que se aceptan a diario en las estaciones fronterizas, y la otra que requiere que muchos de los solicitantes esperen en México en lo que sus casos son procesados.
El gobierno de Estados Unidos extenderá esta semana a Nuevo Laredo su política que obliga a los migrantes a aguardar en México, generando nuevos temores de que la violencia aumente. Nuevo Laredo se ubica en el estado de Tamaulipas, un lugar tan violento que el Departamento de Estado prohíbe la mayoría de las visitas de los empleados del gobierno a la entidad, que cuenta con la designación de alerta de nivel cuatro, la más alta que otorga la dependencia.
“Crímenes violentos como asesinatos, robos a mano armada, robos de autos, secuestros, extorsiones, y agresión sexual son comunes”, de acuerdo con la alerta de viaje de la dependencia. “Actividad de grupos delictivos, incluyendo tiroteos y bloqueos, son generalizados. Los grupos delictivos armados atacan los autobuses de pasajeros públicos y privados, así como vehículos privados que transitan por Tamaulipas, a menudo tomando a los pasajeros como rehenes y exigiendo el pago de un rescate”.
Los migrantes que huyen de la violencia en sus países de origen se muestran consternados de que se les obligue a esperar en las ciudades fronterizas mexicanas en las que corren riesgos similares.
La medida de permanecer en México está atrayendo oposición de parte de los funcionarios de asilo de Estados Unidos, que presentaron esta semana una moción ante la corte en la que afirman que México no es un lugar seguro para los solicitantes de asilo.
“A pesar de expresar un compromiso para proteger los derechos de las personas que buscan asilo, el gobierno mexicano ha demostrado su incapacidad para brindarles protección”, afirman.
El debate migratorio en Estados Unidos aumentó de nivel en los últimos días con la publicación de una fotografía desgarradora en la que un padre y su hija murieron abrazados el uno al otro a las orillas del río Bravo; la indignación ante los reportes de hambre y condiciones insalubres en un centro para niños migrantes en Texas; más movimientos al interior del Departamento de Seguridad Nacional; y la discusión en el Capitolio sobre un paquete de 4.600 millones de dólares para ayuda fronteriza.
Moreno esperó dos meses en Ciudad Juárez tan sólo para recibir la oportunidad de presentarse ante las autoridades estadounidenses en El Paso y solicitar asilo. Ahora está de regreso en Juárez, donde muchos cubanos acaparan los hostales que se ubican en la zona norte, uno de los vecindarios más violentos de la ciudad.
Dijo que estaba desayunando al aire libre con algunos de sus compatriotas cuando vieron a dos hombres corriendo del otro lado de la calle. Moreno se levantó y escuchó disparos. Al dar vuelta a la esquina vio un cuerpo en el pavimento.
Moreno también dijo que fue acosado en la calle por personas que creía que lo querían robar. Y uno de sus amigos dijo que un policía lo vio en la calle, lo detuvo y le quitó 500 pesos.
Linda Rivas, una abogada migratoria que vive en El Paso, dijo que una de sus clientes fue secuestrada y violada en Ciudad Juárez después de que pidió a las autoridades estadounidenses que no la enviaran ahí.
La creciente población de migrantes en la frontera también compite por camas en los refugios y trabajos informales. Las autoridades mexicanas no otorgan permisos de trabajo a los migrantes que aguardan su turno.
Moreno, quien en Cuba trabajaba en un establecimiento de comida, encontró empleo limpiando casas, y gana 200 pesos al día, alrededor de 10 dólares.
Edgar Canales, de 46 años, era empleado de construcción en La Habana y ha podido encontrar un trabajo en el que obtiene 1.200 pesos (63 dólares) semanales cavando canaletas.
Esperó en México dos meses para entrevistarse con las autoridades de asilo y fue enviado de regreso después de obtener una fecha de audiencia en cinco meses.