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Tijuana.— Migrantes que fueron retornados a las ciudades del norte de México como parte del Protocolo de Protección de Migrantes se preparan para regresar a Estados Unidos, luego de que organizaciones civiles demandaran al gobierno de ese país y exigieran detener la aplicación del programa que impedía a los solicitantes de asilo esperar en ese territorio durante el proceso legal.

Saúl es uno de más de mil centroamericanos exiliados. Desde hace más de un mes está en una de las ciudades más violentas del país, con más de 2 mil 500 personas asesinadas en 2018: Tijuana. Huyó de Honduras para esquivar la muerte, viajó como parte de las caravanas que llegaron a la ciudad desde noviembre pasado, y terminó atrapado en la frontera, donde el tráfico y el consumo de droga son una realidad común.

Duerme en Juventud 2000, un refugio enclavado en una esquina situada en la zona norte de Tijuana, donde al menos otras 150 personas más comparten su espacio en casas de campaña.

“Aquí, justo aquí, uno mira de todo”, dice Saúl, cuando recuerda que a unos pasos del refugio en una de las esquinas que le siguen no sólo funcionan los bares y comercios de giros negros como los table dance, sobre la misma calle también deambulan los cuerpos casi rotos y agujerados de quienes usan heroína y crystal, “escapé de la violencia, y encuentro más violencia, me persigue, es distinta, es inseguro… pero violencia al fin”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que desde enero hasta el 8 de abril pasado —cuando un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos detener el protocolo de protección— fueron retornados mil 323 migrantes a los puertos fronterizos de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez: 308 familias.

Innovation Law una de las organizaciones civiles que formó parte del equipo que participó en el recurso legal que logró evitar que más migrantes fueran retornados, detalló que se trató de una demanda que involucró a 11 migrantes que pidieron esperar su proceso legal en Estados Unidos.

Ian Philabaumm, director del programa, advirtió que la devolución de centroamericanos les arrebataba la posibilidad de llevar un caso bajo las mismas condiciones para obtener asilo, además de violar su derecho a un proceso legal justo, y los colocaba en una situación de riesgo.

“Si para quienes tienen un abogado es difícil, los que no tienen dinero ni posibilidades de contratar uno simplemente no tienen oportunidad de ganar sus casos”, dijo.

Robyn Barnard, abogada de uno de los migrantes retornados, solicitó durante la primera audiencia en la que se presentó que su cliente no fuera devuelto a México —Tijuana— y que lo dejaran bajo custodia en Estados Unidos, para evitar que fuera víctima de la violencia y más amenazas.

“Tienen miedo de pedir ayuda a la policía, hay grupos que buscan a este tipo de grupos [vulnerables]… mi cliente incluso ha recibido amenazas. En México tienen un riesgo de ser perseguidos”, advirtió.

Andrea es otra de las migrantes que recién llegó a Tijuana desde Centroamérica. Mientras espera su turno para que Estados Unidos la reciba vive en un albergue instalado en un templo cristiano. “Tengo miedo, dos amigas desaparecieron, se fueron con un pollero y no sabemos de ellas, a lo mejor es trata o a lo mejor sí pasaron, uno qué va a saber”.

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