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La búsqueda del sueño americano tiene un nuevo obstáculo: el coronavirus. Hay personas que han decidido no ir a Estados Unidos por miedo a contagiarse y otros que sufren las consecuencias en albergues de Tamaulipas y Baja California.
El temor en Reynosa, Tamaulipas, a contraer Covid-19 está provocando que cubanos y africanos albergados en la frontera sur del país no deseen llegar a Estados Unidos.
La mayoría de estas personas prefiere quedarse en la Casa Senda de Vida de Reynosa, donde se les brinda alojamiento, alimentación, revisiones médicas y seguridad.
Azafack Wamba Paulín y Doumbia Souleymane son dos migrantes africanos que han preferido no registrarse, a fin de ser recibidos por las autoridades de la Oficina de Aduanas y Control Fronteriza de Estados Unidos para que sea revisado su estatus migratorio.
Azafack, de 23 años, cuenta que llegó hace un mes a Reynosa para solicitar asilo político, pues en su país la inseguridad no les permite tener una vida digna, pero ahora, asegura, está más seguro en México.
Héctor Silva, director de la Casa Senda de Vida, personalmente supervisa que los migrantes no salgan de las instalaciones, ya que se encuentran en cuarentena.
Vigila que no entren más migrantes, pues actualmente cuenta con 300 albergados, lo que supera el número de personas que pueden permanecer en este sitio. Manifesta que tienen tres días enclaustrados y que sólo dos personas tienen permitido salir para hacer compras.
Por otro lado, en Tijuana, los refugios no cuentan con la solvencia ni la infraestructura para la atención de la contingencia del virus, que se agrava en los albergues que reciben diario a decenas de mexicanos deportados de Estados Unidos.
Dentro de Juventud 2000, un albergue enclavado en la zona norte de la ciudad, a unos cuantos metros del muro que divide a México de la Unión Americana, las casas de campaña que sirven de habitación para los migrantes lucen dispersas sobre el concreto.
El refugio, dice su director, José María García Lara, tiene capacidad para 150 personas y hoy viven ahí aproximadamente 90.
“Hay un convenio para no deportar personas enfermas, fue lo que nos dijeron en [el Instituto Nacional de Migración], aunque también pregunté si dentro del edificio mantenían algo para hacer las detecciones de síntomas. ‘Aún no hay instrucción’, fue la respuesta [que nos dieron]”, explica el activista.
La Coalición Pro Defensa del Migrante en Baja California advierte que el gobierno federal no cuenta con ningún protocolo para detectar o prevenir infecciones durante la recepción de los connacionales que son expulsados del otro lado de la frontera, y que luego son enviados y confinados en los refugios.
