Más Información
En carta, Sheinbaum responde a Trump sobre imposición de aranceles a México; “A un arancel vendrá otro”, señala
Ante amenazas de Trump, México tendrá bajo crecimiento, alta inflación e inestabilidad financiera: Moody’s Analytics
Tras anuncio de aranceles, Trudeau y Trump tuvieron una conversación “productiva” sobre comercio y fronteras
Con la capacidad para reunir en cuestión de minutos a decenas de personas ante cualquier situación de riesgo en seguridad, los líderes de los primeros grupos de autodefensas de Michoacán mantienen la organización que les permitió desterrar a los grupos criminales de sus tierras.
EL UNIVERSAL buscó a los principales líderes y fundadores de los primeros grupos de guardias comunitarios que se organizaron y confrontaron a organizaciones como Los Caballeros Templarios.
A pesar de que limpiaron de criminales sus comunidades, los alrededores son acechados por los reductos de templarios y nuevas células del crimen organizado, por lo que advierten que, de ser necesario, volverían a levantarse en armas para rescatar a sus familias de la violencia.
El pasado 20 de octubre, el alcalde de Coalcomán y ex integrante de las autodefensas, José Misael González Fernández, sufrió un atentado en el que resultó lesionado con un tiro en el hombro y quedó malherido su escolta. Previamente, el presidente municipal de Paracho, Stalin Sánchez González, fue asesinado el 6 de octubre cuando salía de su casa.
Por estos hechos, el fin de semana pasado, la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, volvió a levantar la voz y se movilizó para reforzar el blindaje en la zona junto con los sus pares de Chinicuila, Coahuayana y Tepalcatepec, en la región Sierra-Costa, tras la amenaza criminal que nuevamente los acecha.
El comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y uno de los fundadores de las autodefensas de la localidad, Cemeí Verdía Zepeda, aseguró que Michoacán aún no se ha limpiado de criminales y negó que solamente queden pequeños grupos o reductos de los cárteles, como lo ha dicho el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro.
Las armas
Oficialmente, el 14 de abril de 2014, Alfredo Castillo Cervantes, designado comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, anunció el desarme de las autodefensas, ante la oposición de los comunitarios. Sin embargo, llegaron a un acuerdo para “institucionalizarlos” como cuerpos de seguridad rurales y certificar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El desarme inició el 28 de abril en el municipio de Coalcomán, donde Castillo disparó dos armas de fuego, entre éstas un fusil automático AK-47 calibre 7.62, para explicar el proceso para la certificación. Los comunitarios se comprometieron a resguardar en sus casas el armamento, ya que la intención, señalaron, era tener con qué defenderse en caso de un nuevo ataque criminal.
A pesar de que las armas fueron registradas, quedó en incógnita el paradero de éstas, por ejemplo, de los lanzagranadas que las autodefensas iban recuperando durante la lucha para después combatir con esos mismos artefactos a los templarios.
El origen
Aunque los principales fundadores —Hipólito Mora, Juan José Farías El Abuelo y Ángel Gutiérrez El Quiro— planearon el movimiento desde diciembre de 2012, fue hasta el 24 de febrero de 2013 cuando surgieron como grupos de civiles armados denominados autodefensas o guardias comunitarias, en la tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista y Tepalcatepec. Posteriormente, en Buenavista Tomatlán se levantó un grupo liderado por Luis Antonio Torres González, conocido como Simón o El Americano.
Tanto Tepalcatepec como Buenavista Tomatlán se encuentran asentados en el corazón de Tierra Caliente y fueron asediados varios años por Los Caballeros Templarios, encabezados por Nazario Moreno González El Chayo y Servando Gómez Martínez La Tuta.
Debido a la riqueza por la producción de diferentes productos agrícolas como mango, limón y aguacate, además de ser una zona ganadera y el territorio factible para la siembra de marihuana e instalación de narcolaboratorios, Tierra Caliente era un blanco perfecto para las acciones de los cárteles.
Por ello, los pobladores se organizaron para crear sus propios grupos armados que combatieran a este grupo criminal. Durante 10 meses, la lucha civil armada se extendió a 32 comunidades de la entidad, donde la población se armaba para “limpiar” sus pueblos de criminales, con el apoyo de las primeras autodefensas. Con acuerdo de la iglesia, líderes de las comunidades y comandantes del movimiento lograron que al tronar de cohetones o sonar las campanas de las iglesias se les avisara a los habitantes que era el momento de reunirse en la plaza principal y sacar sus armas.
Debido a la magnitud numérica del movimiento civil armado, el Consejo General de Autodefensas y Guardias Comunitarias de Michoacán (CGAGCM) aseguró que era imposible tener un padrón o una cifra cercana a cuánta gente se integró a la lucha civil armada.
En esos días en las concentraciones y barricadas —filtros de seguridad— se apreciaban desde adultos, adultos mayores, hasta jóvenes, mujeres y empresarios en el que sus primeras armas fueron de caza y otras más que las personas tenían en sus hogares de diferentes calibres.
Fausto Vallejo, entonces el gobernador del estado, tildó a las guardias comunitarias de “delincuentes”, pero sin detener la ola de violencia desatada por los grupos criminales, lo que generó que el movimiento civil creciera más aprisa. Entre los integrantes del gabinete detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada llamó la atención la de Jesús Reyna, secretario de Gobierno y gobernador interino.
Ante la situación de inseguridad en el estado, el 3 de enero de 2014, el gobierno federal designó a Alfredo Castillo Cervantes como comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán.
En ese contexto, el gobierno federal advirtió que no permitiría más civiles armados en la entidad y puso en marcha la Fuerza Rural, como respuesta a los grupos de autodefensas. Le entregó a cada comunitario un rifle AR-15 calibre .223 y una pistola escuadra calibre 9 milímetros, armas permitidas para ese cuerpo policial, pues son los mismos calibres que portan las fuerzas de seguridad estatales.