reparación del daño.
Diana Cristal González Obregón, abogada penalista quien la asesora, explica que en casos como éste, la justicia no se alcanza sólo con la aprehensión de los presuntos responsables, sino que implica que se deje de
revictimizar a la joven con la dilación de los procesos, y que se reconozca que algo tan atroz no sólo trastocó la vida de la saxofonista, sino la de todo su entorno.
La nueva abogada, quien participó en la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que precisamente ese instrumento sirvió como herramienta para exigir legalmente que se reconozca a la madre de Malena, su padre y su hermana, como víctimas indirectas del ataque cometido en septiembre de 2019. Y el derecho de ella y su familia a la reparación del daño.
Es este último aspecto del caso el que ha despertado las alarmas, pues el equipo legal de Malena se percató que en una de las carpetas había una "actuación negligente y deficiente en actos de investigación, con respecto a la reparación del daño", de parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), lo que podría resultar en la desestimación de la misma.
La abogada solicitó una audiencia, en la que el juez autorizó la reapertura de la investigación en diciembre; no obstante, no se han registrado avances significativos en el caso. El argumento, afirma, es que la Fiscalía pretendía dejar la reparación del daño hasta el final.
“Erróneamente se piensa que para tener acceso a la reparación del daño, las víctimas deben pelearla hasta la ejecución de la sentencia; sin embargo, durante el proceso, se realizan gastos, tratamientos físicos y psicológicos, de protección, entre otros", apunta la abogada.
Hasta hoy, María Elena, por ejemplo, no ha podido retomar su vida profesional, como tampoco lo ha hecho su familia, pues las intimidaciones continúan, mientras que a su casa en Huajuapan no pueden retornar, por ser considerada elemento de prueba.
"Mi proceso ha sido desafortunado, en lo legal, físico y psicológico. Tengo que ser una persona resiliente porque no me queda de otra, pero de parte de la fiscalía el desempeño ha sido deficiente en cuanto a su labor, a la forma en la que me han presionado para asistir y presenciar algunas audiencias. Me han forzado a participar de mi propia revictimización", confiesa María Elena a EL UNIVERSAL.
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Piden tipificar como violencia de género los ataques de ácido Según el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía debe garantizar la reparación del daño "desde cualquier etapa del procedimiento penal” y para ello se deben hacer diligencias y actos de investigación, pero en en el expediente de María Elena, asegura la abogada, no existían estas pruebas, hasta que ellas las solicitaron.
Las pruebas que deben recabarse para garantizar la reparación del daño, son relativas a datos de antropología social con
perspectiva de género, para conocer el contexto de
violencia en el que sucedió la agresión, pues además del ataque, María Elena ha sufrido
violencia sexual, física, patrimonial, emocional.
También hacen
falta pruebas periciales en criminología, para identificar el perfil de los agresores, y para analizar lo que vivió Malena de forma directa, y su familia, como víctimas indirectas.
Pese a ello, acusan, hasta el momento no se han aportado las pruebas suficientes para dicha carpeta de investigación, cuya ampliación de término vence el próximo 31 de enero.
La asesora legal señala que esto se debe a que en México no existe el personal especializado para recabar este tipo de pruebas y tampoco hay iniciativa de las fiscalías para realizarlas a beneficio de las víctimas.
La última de las pruebas requeridas para esta carpeta, por ejemplo, es un informe médico, y es en ella precisamente en la que hay mayores atrasos, pues los daños que sufrió Malena por el ácido fueron de gravedad y hasta hoy no se han evaluado en su totalidad, para realizar una proyección a futuro que permita la reparación del daño.
Según la experta, la reparación del daño no refiere únicamente a una compensación económica, sino a otras medidas de restitución que son obligación de la Fiscalía, con el objetivo de que María Elena pueda reintegrarse a la vida que tenía antes del ataque, luego de recibir tratamientos físicos y sicológicos y cirugías.
Antes de la agresión, María Elena se desempeñaba como una talentosa saxofonista y gestora de pasaportes, argumento a través del cual, los agresores se acercaron a ella. Ahora, la joven pide la “intervención urgente” del fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, para que tome cartas en el asunto sobre la “pésima labor su personal”.
“Lo que intuyo es que existe un acuerdo no escrito para favorecer a mi agresor. Por eso solicito que se ejecute la orden de aprehensión pendiente desde hace un año y que no han querido ó podido ejecutar. La fiscalía debe ejecutar las leyes y rendir cuentas claras a las víctimas”. afirma la joven, quien ante los retrasos para integrar un expediente “sólido e irrefutable”, pide al gobernador
Alejandro Murat que exija que se rinda cuentas a la víctima que clama “justicia, verdad y reparación integral del daño”.
EL UNIVERSAL buscó la postura de la Fiscalía de Oaxaca, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.