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La alcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, defendió a su esposo Carlos Luis Peña Garza, de las acusaciones de estar supuestamente ligado con el delito de trata de personas en la zona de tolerancia de esta ciudad.
Lo anterior, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició de oficio una carpeta de investigación para determinar probables ilícitos relacionados con trata, cometidos en inmuebles de esa zona. En la investigación se establece que al menos un negocio es copropiedad del esposo de la edil.
En entrevista para EL UNIVERSAL, Maki Ortiz aseguró que, a partir de lo difundido por un medio nacional, presentaron como municipio una denuncia ante la PGJT, solicitando que se dé vista a las autoridades federales, a fin de que investigue la posibilidad de diversos delitos como trata de personas y prostitución de menores en esa circunscripción.
La panista resaltó que desde el 1 de febrero de 2017, el Ayuntamiento coadyuva con la Dirección de Sanidad y Alcoholes, dependiente de la Subsecretaria de Finanzas del gobierno del estado, al proporcionar información sobre el funcionamiento de diversos negocios para facilitar la realización de operativos en el lugar.
Explicó que en Reynosa existe una zona de tolerancia, con aproximadamente 40 mil metros cuadrados, ubicada a un costado de la colonia Aquiles Serdan. Para acceder a ella, se debe cruzar una caseta de vigilancia custodiada por personal del municipio. Allí operan bares, cantinas, cuarterías de sexoservidoras, table dance, tiendas de abarrotes y una iglesia.
Todos los días entran a este lugar convoys de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal y Policía Estatal para realizar revisiones.
La alcaldesa indicó que en lo que refiere a los 3 mil 900 metros, mencionados en el reportaje como propiedad de su marido, en los años 40 —antes de que fuera zona de tolerancia— el predio perteneció al abuelo de su esposo y a la hermana de éste; a la fecha son aproximadamente 11 dueños, entre estos Carlos Peña, quien recibió la donación en 2009. Los propietarios no tienen delimitado que parte del predio le corresponde a cada uno, afirmó.
¿Su esposo es copropietario de alguno de éstos negocios?
—Debo aclarar que mi esposo no es propietario ni copropietario de ningún negocio establecido dentro de la zona de tolerancia. Que existan varios dueños de estos predios no significa que sean propietarios de los negocios. Mi esposo no recibe ningún peso de estos negocios.
¿Sabe el por qué de la acusación?
—Se le ha pretendido relacionar con alguna actividad ilícita, lo cual negamos rotundamente, y desconozco la razón de esta situación.
Asegura que varios predios fueron invadidos, ¿estamos hablando de delincuencia organizada?
—No sabemos, pues no somos los encargados de investigar quienes se han apoderado de algunos predios. Y hay una denuncia (la interpuesta por el municipio) para que las autoridades correspondientes investiguen quienes manejan estos lugares. Dijo que hay 40 hectáreas que están en grado de invasión, tema en manos de los abogados de la familia.
¿Quién da los permisos para que operen estos giros negros?
—El otorgamiento de permisos de alcoholes o licencias sanitarias no corresponden al Municipio, son facultades estatales.
Como municipio nos encargamos del control sanitario de las sexoservidoras, a través de médicos y enfermeras que practican revisiones medicas y exámenes de laboratorio de manera periódica.
Además en la entrada de la zona de tolerancia se cuenta con una caseta de vigilancia para vigilar que no haya entrada de menores de edad.
Para concluir, Ortiz Domínguez aseguró que no han contemplado interponer una denuncia por el daño moral que están causando al municipio, pues dijo que ahora lo que les importa es denunciar la probable trata de persona y corrupción de menores en esta zona.
A raíz de la denuncia, autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona de tolerancia.
Dicha intervencion concluyó con la suspensión de actividades de cuatro establecimientos y tres cuartos usados por sexoservidoras, por carecer de las acreditaciones para operar como bares, así como por las condiciones insalubres.
