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Tijuana.— A sus 17 años Bryan sabe de la muerte. La recuerda desde los últimos días que estuvo en su país —Honduras—, cuando 10 pandilleros lo rodearon a él y a Litzi, su novia, les apuntaron con pistolas a la cabeza y le lanzaron la advertencia: entras o bala, pero aun cuando escapó y llegó al norte de México, pareciera que esa vida lo alcanzó en Tijuana, a más de 3 mil kilómetros de distancia de su casa, donde ahora los narcomenudistas también ofrecen trabajo.
Bryan es uno de los menores de 18 años que llegaron a esta ciudad fronteriza entre noviembre y diciembre de 2018, junto con las caravanas de centroamericanos que, de acuerdo con el ayuntamiento de Tijuana, alcanzaron alrededor de los 6 mil 200, entre ellos mil menores, y por lo menos una tercera parte de éstos viajaron como él, solos.
“Aquí no ha sido tan diferente”, dice Bryan mientras fija su mirada en el muro que divide la ciudad de Estados Unidos, justo unos pasos antes de cruzar, “es lo mismo, pero diferente, allá son pandillas y aquí narcos”.
Desde que llegó no recuerda lo que es dormir bajo un techo y en una cama, pasó más de dos meses junto a Litzi, entre un albergue y otro, primero fue uno que apenas duró menos del mes, el Benito Juárez, habilitado en un centro deportivo ubicado en la zona norte, en el municipio, en una de las colonias más violentas y con mayor flujo de droga, por consumo y por venta.
Justo en ese punto, donde el gobierno municipal decidió concentrarlos, dos menores migrantes de entre 15 y 16 años fueron torturados y asesinados. Uno más que los acompañaba sobrevivió al horror, escapó solo para contar la historia y aprender que la violencia de su país también la pueden vivir desde aquí.
Diagnóstico internacional. En el último mes, personal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés United Nations International Children’s Emergency Fund) realizó una revisión en las estaciones de migrantes de Tapachula, Chiapas, y Tijuana, Baja California, en las que halló violaciones a la Ley General de la Infancia.
Por una parte, porque en el sur del país las autoridades migratorias retuvieron a menores en las estaciones cuando debió dársele prioridad al interés superior de ese sector, señala la representante adjunta del organismo en México, Pressia Arifin-Cabo.
En el caso del norte, dijo la especialista en Protección de UNICEF México, Lourdes Rosas, no encontraron menores pero las anotaciones fueron en otro sentido: la seguridad de los menores no acompañados depende casi totalmente de los refugios particulares, los gobiernos locales abandonan casi por completo esa responsabilidad que cargan a la sociedad civil.
En Tijuana donde hubo más de 2 mil 500 asesinatos en 2018, Rosas advirtió que solo opera un albergue temporal del gobierno estatal, a manos del DIF, insuficiente para la atención de los más de mil menores que llegaron a la ciudad desde noviembre, con la llegada de las caravanas de centroamericanos.
Carne de cañón. Para Uriel González, director de Casa YMCA, uno de los únicos refugios para menores migrantes que hay en Tijuana, los adolescentes migrantes —más quienes viajan solos— son la carne de cañón para los grupos criminales que operan en la frontera de México: solos, sin recursos y una violencia que no les es ajena, porque la cargan desde sus países de origen.
Bryan esperaba encontrar un trabajo dentro de un taller, desde chico aprendió de su familia a detectar casi cualquier falla en un carro o en una motocicleta, era un negocio familiar allá en Honduras, pero justo donde hay dinero es adonde van a parar los de la pandilla, y ellos no perdonan la juventud y el buen vivir.
“Imagínese, escaparse de la delincuencia de mi país para que no me maten, viajar y sufrirle tanto para llegar hasta acá y terminar con otros peores, también pa’ que me maten”, dice.
Los recursos. En este contexto, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, ha reiterado en diversas ocasiones que ni el gobierno estatal o federal le han proporcionado recursos para atender a los migrantes centroamericanos, por lo cual su administración no destinará a esta emergencia presupuesto de su municipio.
Gastélum ha asegurado además que el gobierno federal se debe hacer cargo de los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, cuya vía de retorno es Tijuana.
