Luego de que EL UNIVERSAL contó la historia de Gustavo Darwin Aguirre Castro, detenido en Los Cabos, Baja California por poseer fentanilo, médicos de la misma especialidad han salido a las calles en sus estados para demostrar su apoyo y exigen la no criminalización de su trabajo.
Para este viernes 28 de julio, se tienen programadas marchas en otras ciudades en apoyo al anestesiólogo. Se contemplan en Culiacán, Tijuana y Hermosillo. Integrantes de colegios de médicos han difundido las convocatorias.
“Los anestesiólogos no son narcos, tenemos médicos de primera con un gobierno de cuarta”, arengaron médicos de Sonora en apoyo a su compañero, así se congregaron hoy, en la Plaza Zaragoza para manifestarse frente al Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado.
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El médico anestesiólogo Manuel Antonio Martínez Morelia reclamó que no se están respetando los derechos humanos de su compañero, quien se encuentra privado de la libertad.
"No somos criminales, no somos narcotraficantes", el fentanilo que nosotros utilizamos para trabajar no es el fentanilo con el que están traficando que se está utilizando indebidamente, explicó.
Es importante destacar que es nuestra herramienta y es importante destacar que todos hemos estado en una situación en la que hemos tenido que transportar algún medicamento por las carencias de nuestro sistema de salud , finalmente lo hacemos por el bien de nuestros pacientes, agregó.
Los médicos refirieron que esta situación debe servir para que se regule y se legisle el uso del fármaco en hospitales.
El uso del fentanilo abarca entre el 80% o 90% de los procedimientos de anestesia en los hospitales, detalló.
Con infromación de Amalia Escobar
Integrantes del gremio médico, familiares y amigos del anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro, quien enfrenta una investigación penal por haber adquirido fentanilo para uso médico, se manifestaron en Cabo San Lucas, Baja California Sur, señalando que el doctor es víctima de diversas violaciones a derechos humanos y reclamaron justicia.
Con el llamado a que cesen los actos de hostigamiento y de criminalización que el especialista -sostuvieron- ha recibido por la compra de fentanilo, pese a contar con los permisos sanitarios correspondientes, sus colegas y amigos avanzaron por calles de este destino turístico con pancartas y lonas con mensajes de apoyo.
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Al grito de "¡Aguirre es inocente!", integrantes de asociaciones de médicos exigieron "alto a la criminalización".
En entrevista, el médico rechazó haber incurrido en alguna práctica ilegal y refirió que realizó la compra de este medicamento como parte de sus actividades y necesidades de su profesión, y sostuvo que cuenta con un recetario para medicamento controlado y todas las autorizaciones necesarias.
Acusó que con procedimientos arbitrarios lo despojaron de su casa, violentando los derechos incluso de sus hijas menores de edad.
"No sé están respetando los derechos de mi persona y mi familia. Me quitaron la casa, la clausuraron. Me dejaron sin hogar. Por favor ayuda toda la población, hay que alzar la voz", expresó.
Sobre los hechos, narró que el medicamento se compró a una farmacia autorizada en Guadalajara y tras su arribo al domicilio vía paquetería, llegaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República a incautar el paquete (cuatro cajas con seis ampolletas cada una).
Su abogado, Antonio Juárez Navarro, declaró a medios que el proceso que se le lleva al médico está viciado, pues no se ha definido su situación, ni como imputado ni vinculado a ningún proceso, pero sí su domicilio se encuentra incautado, lo que ha obligado a sus hijas menores de edad a desplazarse a otro lugar.
"Es una situación anómala. Se violenta el debido proceso. Ni siquiera lo han citado a declarar y ya le incautaron su casa. Su casa no es un laboratorio. Él compró un medicamento de manera legal con un recetario controlado que tiene un código de barras, que está dado de alta en Cofepris, en una farmacia certificada también ante Cofepris", indicó.
Añadió que además el doctor estuvo en indefensión jurídica cuatro semanas y ello es violatorio del debido proceso.
Ante diversas actuaciones de las autoridades en este caso, manifestó que ya se han interpuesto amparos y exhortó a autoridades federales a que se conduzcan en el marco de respeto a la ley y evitar así más violaciones de derechos humanos.
bmc