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El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, comentó que la mayoría de las personas detenidas por el delito de narcomenudeo, no terminan sentenciados sino en la suspensión del proceso y “salidas alternas” de acuerdo con el sistema de justicia.
Hasta septiembre de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , en Coahuila se han registrado 6 mil 326 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo , lo que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional después de Baja California y Guanajuato.
El fiscal reconoció que el estado está en los primeros lugares, pero dijo que se tiene que ver desde el punto de vista del vaso lleno y no medio lleno, pues cada carpeta obedece a una detención, es decir, un promedio de 2 narcomenudistas detenidos cada día en la entidad.
“Tenemos que analizar la información que se genera. Esta detención nos permite checar quién está comprando los narcóticos al narcomenudeo, cómo los compran, por qué los compran, su correlación con robos y homicidios , eso nos ha dado una reducción importante de homicidios ”, aseguró el fiscal.
Refirió que el 70 por ciento de las detenciones se judicializa pero no llega a sentencia, sino que se termina suspendiendo el procedimiento porque se aplican medidas de seguridad precautorias para los probables responsables, como el hecho que tienen que acudir a centros de rehabilitación, a firmar ante la autoridad, una serie de actividades que, según el fiscal, permita tenerlos bajo control judicial.
Critican funcionamiento
Sin embargo, Rafael Mora Garza, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, criticó estas medidas, como hacer que atiendan un problema de adicción, pues afirmó que muchos no cumplen y no necesariamente se trata de problemas de consumo.
“Desde ahí es una dificultad porque no nació de ellos la necesidad de pedir ayuda. Eso limita las posibilidades de que acuda y quiera rehabilitarse. De por sí es complicado cuando la persona acude convencido de pedir ayuda. Muchos desertan porque no estaban convencidos, desde ahí hay una dificultad”, comentó.
También cuestionó los lugares y tipo de tratamiento a los que los dirigen, pues dijo que es indistinto, cuando de por sí los centros de atención certificados son contados con los dedos de la mano.
“La mayoría de los centros de rehabilitación no están certificados, no tienen un trato profesional, tendrían que ver estas cuestiones para después ponerles como sanción o pena el que acudan a tratamiento”, declaró.
Otro señalamiento es que el juez los obliga a que acudan durante cierto periodo a partir de una fecha. Para Rafael Mora un juez no puede determinar el tiempo de tratamiento porque no es igual para todos. Dijo que cada caso es diferente, pueden ser 10, meses, un año.
Para el director del CIJ se puede hablar de una gran cantidad de detenciones, donde para algunos el problema puede ser el consumo, pero para otros no.
“La verdad es que son muy pocos los que llegan y dicen ‘sí yo quiero tratamiento. Yo necesito’. Creo que ninguno ha llegado así, más bien es por cumplir algo que le pidieron. La gran mayoría ni siquiera lo cumplen”, aseguró.
Además, sostuvo que los centros para tratamiento de adicciones están rebasados y al menos el CIJ no alcanza en personal médico, pues se están dando citas de primera vez a tres semanas.
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