Zacatecas.— La discusión y aprobación del matrimonio igualitario se estancó en el Congreso del estado, debido a las presiones y posturas encontradas entre diversos grupos. Mientras la comunidad LGBTTTIQ+ exige que la reforma al Código Familiar sea avalada para cumplir con los mandatos constitucionales y de derechos humanos, los grupos profamilia piden que sea sometida a consulta popular.
Esta polarización generó que ayer el recinto legislativo amaneciera tomado por un grupo a favor de “la familia y el matrimonio natural”, que pidió ser escuchado por los diputados y que era encabezado por la exdiputada del PES, Iris Aguirre.
Por ello, se realizó una reunión con los manifestantes, quienes aseguraron representar a la mayoría del pueblo y no a las minorías, e insistían en que no se avale la reforma.
Al terminar el encuentro, los legisladores, en voz de Susana Rodríguez, informaron a los medios de comunicación que el acuerdo es realizar diversas mesas de diálogo, que terminarían en octubre, así como diversos foros regionales. Por tanto, se deshecha la posibilidad de que en lo inmediato la iniciativa sea sometida a discusión, pues permanecerá en el análisis de las comisiones.
Antes de retirarse, afuera del Congreso local el grupo de manifestantes se colocó en círculo y realizó una oración.
Más tarde, en una conferencia de prensa, la comunidad LGBTTTIQ+ de la entidad, presidida por Paz Barrón Delgado, así como diversos grupos de feministas y de derechos humanos, aclararon que los derechos humanos no se consultan, sino que se respetan.
Por tanto, emitieron un pronunciamiento público en el que resaltaron que de reunirse las comisiones y dictaminar “no aceptarán salidas salomónicas” de llamar a esta iniciativa como “enlace nupcial” o “sociedades de convivencia”, al puntualizar que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que no se pueden tener dos instrumentos normativos para regular un mismo acto jurídico y que no se puede tratar de manera diferenciada a personas iguales.
De igual manera pidieron “respeto al Estado laico, a la separación Iglesia-Estado, así como a la separación de Poderes y su derecho a vivir sin discriminación ni violencia”.
Asimismo, exigieron al gobernador Alejandro Tello Cristerna (PRI) que “mantenga sus prejuicios personales en el ámbito de su vida privada y respeto pleno al marco constitucional y legal”, al señalar que debe gobernar para todos, por tanto, debe mantenerse imparcial y sin meter las manos en este proceso que compete a los legisladores.
Los integrantes de los colectivos LGBTTTIQ+ advirtieron que seguirán luchando por el respeto a los derechos humanos y por la no discriminación y ante esta postura reprocharon que la Legislatura local busque la conclusión del periodo legislativo y hasta que termine el actual quinquenio.
