San Cristóbal de las Casas.— El viernes 10 de mayo los habitantes de Nueva Morelia, localidad del municipio de Chicomuselo, Chiapas, aguardaban el inicio de la celebración del Día de las Madres cuando oyeron el trajín de camionetas todo terreno. Eran, de acuerdo con testimonios de lugareños, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado, conocido como Maíz, hombres con acento guatemalteco que tomaron el pueblo.
Ejecutaron a 11 mujeres y hombres, entre ellos a la estudiante de bachillerato Yohari Belén Solís Arreola, de 18 años.
Entre la confusión, la mayoría de los mil habitantes de Nueva Morelia huyeron a la Sierra para buscar refugio en comunidades vecinas. A los que se quedaron en su casa entraron a matarlos. Les dieron el tiro de gracia, denunciaron habitantes que pidieron el anonimato.
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Conforme avanzaba ese 10 de mayo el pueblo, ubicado a menos de cinco kilómetros de San Ramón, del ejido Grecia —donde en 2006 la empresa canadiense Blackfire empezó a explotar una mina de barita—, el pueblo parecía arder en llamas.
Horas después de la llegada del CJNG irrumpieron integrantes del Cártel de Sinaloa, con los que chocaron durante cinco días.
Camiones con blindaje artesanal, conocidos como monstruos, eran utilizados por el CJNG para patrullar las calles del pueblo en busca de sus adversarios.
Las casas estaban desoladas, pero los sicarios ingresaban a ellas para incendiarlas y luego ejecutar a las personas que encontraban.
La noche de ese 10 de mayo, mientras el cielo se iluminaba de un púrpura intenso, algunos de los pobladores registraron a lo lejos, con su teléfono, la refriega armada.
Campesinos denunciaron en WhatsApp que la mañana de ese día hombres con uniformes militares y vehículos Hummer los presionaron para dejar sus hogares. Aseguran que eran soldados del 101 Batallón de Infantería, cuartel que se ubica a unos 10 kilómetros. “Mi familia tuvo que abandonar la colonia y fueron los del Ejército que los corrió [de la comunidad]”, se lee en uno de los mensajes que circuló cuando Nueva Morelia se convirtió en campo de batalla.
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Interés criminal por la minería
Hace un año, comunidades cercanas a Nueva Morelia denunciaron la presencia del CJNG y de Maíz, que amenazaban con reactivar operaciones en la Mina ampliación La Revancha, para extraer sulfato de bario al 97% (barita).
Dicha mina fue cerrada hace más de 15 años a raíz del asesinato de Mariano Abarca Roblero, que lideraba un movimiento en contra de la explotación. Desde hace un año se busca su apertura.
Se presentó el documento Manifestación del impacto ambiental modalidad particular: Mina ampliación La Revancha, en el cual se oferta la generación de “260 empleos directos y 750 indirectos”.
En ese momento, la presión del grupo armado sobre estas comunidades —habitadas mayoritariamente por miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día— no tuvo eco. Los pobladores fueron acusados de crear un grupo de autodefensa en contra de la minería, lo cual negaron.
La entrada de las autoridades
Ayer, cuatro días después de la masacre, ingresaron a la comunidad elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal; hallaron los cuerpos de los 11 habitantes, en su mayoría jóvenes, que fueron ejecutados por los sicarios. La fiscalía estatal confirmó el hecho.
También encontraron casas quemadas y dañadas por las balas, cientos de casquillos, vehículos incendiados y rastros de cristales por las calles de Nueva Morelia.
Durante la incursión, las fuerzas de seguridad no encontraron cuerpos de sicarios que pudieron caer durante los enfrentamientos. En tanto, en las cercanías de Nueva Morelia, un incendio forestal se registraba entre las comunidades San Francisco-Las Palmas, El Rosario y Las Brisas, en la ribera del río Yayaguita. Con información de Óscar Gutiérrez