Monterrey.— A seis años de haber perdido a su hijo Martín, uno de los 49 internos del penal del Topo Chico que fueron masacrados por otro grupo de reos entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero de 2016, Emma Rodríguez sigue reclamando justicia, pues aunque un juez condenó a los autores de la matanza a pagar una indemnización a los deudos, no han recibido ni un centavo.
La falta en la reparación del daño se debe a que los sentenciados carecen de solvencia económica hasta para apoyar a sus propias familias y, durante el proceso, el estado no fue considerado responsable por omisión ni ha sido solidario con las víctimas de delitos, sostuvo Aurelio Galindo , abogado de los familiares de 12 de los 49 internos asesinados.
El litigante los asesoró para exigir por la vía penal una indemnización a los presuntos responsables directos de la masacre, mientras el reclamo al gobierno estatal y a los directivos del reclusorio, que fue cerrado definitivamente el 30 de septiembre de 2019, lo hizo por ser omisos en sus responsabilidades de salvaguardar la vida y derechos de las personas privadas de la libertad.
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Sin embargo, afirmó Galindo, las familias fueron engañadas por personas que dijeron representar al gobierno del exmandatario J aime Rodríguez Calderón El Bronco , quienes les ofrecieron 250 mil pesos si desistían de la demanda: a quienes cedieron a las presiones nunca les cumplieron y a los que insistieron con el reclamo los amenazaron.
Gracias a la presión de los que no desistieron, el 30 de julio de 2020 un juez de Ejecución en Individualización de Sanciones del estado de Nuevo León condenó a seis internos del expenal del Topo Chico al pago de 369 mil 582 pesos por concepto de reparación de daños o indemnización por muerte y gastos funerarios para cada una de las familias de las 49 víctimas; además les impuso una pena de mil 200 años de prisión, que luego sus abogados lograron reducir a 70 años.
La exdirectora del reclusorio, Gregoria Salazar; el exsubdirector, Arturo Bernal González , y el excomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, no fueron considerados responsables de homicidio calificado en la masacre y, por falta de elementos, quedaron absueltos por un Tribunal Colegiado en julio de 2018, luego de permanecer en prisión desde el 12 de febrero de 2016.
Hoy en día, personas acuden a pasear y divertirse al nuevo Parque Libertad, sitio donde estuvo el penal por el que pasaron 300 mil presos, niños y sus padres.
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La ley respalda reparación del daño
En este contexto, Galindo agregó que las familias de los asesinados tienen hasta el 11 de febrero de 2026 para presentar una demanda de indemnización por Responsabilidad Civil Objetiva, conforme al artículo 1,159 del Código Civil Federal que asienta que “se necesita un lapso de 10 años, contado desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento”.
Además, la demanda se sustenta en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su artículo 30 dice que las condiciones de internamiento “deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad”.
Y también, agregó Galindo, deben ser indemnizados conforme a la Ley de Víctimas, pues aunque eran delincuentes, fueron asesinados mientras cumplían su condena, y desde la cárcel algunos contribuían para el sostenimiento de padres ancianos, esposas o hijos menores.
A nombre de las familias de los deudos, el abogado pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que, así como ha pedido perdón a víctimas de hechos del pasado, pida perdón por los muertos del Topo Chico, que no han recibido justicia, y gestione ante el gobernador Samuel García y la Comisión Local de Víctimas que se indemnice a sus familias.
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“Lo iban a absolver”
Emma Rodríguez, madre soltera de 47 años de edad, perdió en la masacre a Martín, el mayor de sus tres hijos, quien entonces tenía 26 años. El joven, procedente de Saltillo, vino tres años y seis meses antes a Monterrey, con un primo menor de edad, a trabajar como ayudante de albañil.
Al salir de una tienda Soriana en Santa Catarina, contestó una llamada de su novia y al ser observado por policías antisecuestros, fue detenido. Mediante torturas lo hicieron confesar que pertenecía al crimen organizado, pero no se lo pudieron probar.
“Cuando me lo mataron, estaba a punto de salir absuelto; en las pruebas que le hicieron ya muerto, salió limpio de drogas mi muchacho”, señaló Emma, quien recordó el viacrucis que ha vivido desde que su hijo estaba preso, cuando lo mataron (y no quiso ni reconocer el cuerpo), y luego en el proceso para exigir justicia.
Con dolor, Emma aseguró que los líderes de un grupo delictivo mandaban tablear a Martín para extorsionarla con pagos de 15 mil a 20 mil pesos, a fin de no maltratarlo. Hoy, su hijo está muerto y la justicia no llega.