TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. – Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y campesinas marcharon en Tuxtla Gutiérrez en protesta contra la reforma educativa y los megaproyectos impulsados en el Sureste de país por el gobierno federal.

Abogados de La Coordinadora interpusieron esta mañana en la Judicatura Federal, 4 mil 350 juicios de amparo en favor de igual número de trabajadores de la educación laboral para evitar el cese después de participar en la cadena de cambios realizada por la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La marcha magisterial, de estudiantes normalistas y representantes de organizaciones sociales y campesinas partió del parque Chiapasionate, en el oriente de la ciudad y se concentra en el zócalo afuera del palacio estatal de gobierno donde concluirá con un mitin.

Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la Sección 7, aseguró que los docentes chiapanecos se integran a la marcha que la CNTE realiza en 30 estados del país para repudiar la reforma educativa “maquillada” por el régimen de la Cuarta Transformación con la cual busca “someter” al movimiento magisterial y popular para “tener manos libres en la imposición de los proyectos económicos y estratégicos en el Sureste mexicano.

El objetivo del sometimiento de la lucha organizada, sostuvo, es silenciar las protestas en la región para imponer proyectos como la refinería de Dos Bocas, El Corredor Transístmico y el Tren Maya , no para beneficiar al pueblo trabajador, ya que están orientados a la movilidad comercial y el acceso, “a la explotación de los recursos naturales y las riquezas de Chiapas y del Sureste mexicano” .

En rueda de prensa, Gómez Bahamaca denunció una supuesta campaña mediática, de hostigamiento y amenazas gubernamentales contra la dirigencia y los trabajadores de la educación que respaldan el movimiento magisterial popular en Chiapas.

Exigimos que “cese la represión” contra los integrantes de la CNTE que enfrentan amenazan de suspensión de salarios y hasta cese laboral por participar en la cadena de cambios convocada por la Sección 7.

Los trabajadores sujetos a estas intimidaciones son más de 4 mil, en abierta contradicción con la reinstalación de docentes cesados por la reforma educativa; asimismo, los dirigentes del Comité Ejecutivo Seccional “cumplimos nueve meses sin cobrar nuestros salarios por determinación del gobierno, para que reconociéramos su política y darle con palo a nuestros compañeros” , afirmó Gómez Bahamaca.

A su paso por la sede la Judicatura Federal, abogados de La Coordinadora interpusieron esta mañana 4 mil 350 juicios de amparo en favor igual número de trabajadores de la educación que “podrían ser despedidos” por participar en la cadena de cambios realizada por el sindicato.

Cuestionado sobre el proceso de investigación judicial en su contra, Gómez Bahamaca se deslindó de las imputaciones y las atribuyó a la estrategia gubernamental en contra de la CNTE ; aseguró que la organización ya dispone de un plan estratégico para enfrentar la situación.

“No soy delincuente, me están tratando como un delincuente. Este  gobierno de la Cuarta Transformación en Chiapas aplica los mismos lineamientos del pasado para quien se oponga a su política; que vengan , que me esposen, y me lleven a donde quieran llevarme, en la CNTE ya se tiene trazada una ruta para reaccionar”

, aseveró.

Esta semana la Secretaría de Educación en Chiapas informó que se interpusieron denuncias formales por presunta usurpación de funciones en contra de Gómez Bahamaca, tras realizar una “cadena ilegal de cambio” de adscripción laboral.

En total se integran 8 carpetas de investigación en contra de ese delito y de otros más, como falsificación de firmas y cobros indebidos, precisó la secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.

Al dirigente sindical, enfatizó, se le investiga también por el manejo indebido de 400 millones de pesos de recursos públicos que le fueron asignados, entre otros rubros, para pagos a maestros, a jubilados, los cuales no fueron realizados.

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