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La construcción de una mansión dentro del Área Natural Protegida “Parque Nacional Tulum”, en donde lo prohíbe un decreto expropiatorio que data de 1981, ha desempolvado una antigua pugna entre poseedores de tierras y autoridades federales, ante la ausencia del Programa de Manejo, lo cual pretende ser un argumento para pretextar que no hay reglas dentro del polígono de 664.3 hectáreas.
El tema es mencionado por el director general de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático del ayuntamiento de Tulum, Jorge Portilla Manica, quien de entrada, confirma que la residencia bautizada como “casa kilómetro 8”, no tiene licencia de construcción.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario confirmó que el ayuntamiento está impedido para expedir cualquier tipo de permiso dentro de la poligonal, pues el decreto presidencial -expedido por José López Portillo, el 23 de abril de 1981- es vigente y sus alcances fueron avalados y confirmados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su sentencia del 12 de mayo del 2011.
Sin embargo, expone que, en nueve años, tampoco se ha dado cumplimiento a dicha sentencia, toda vez que el área natural protegida carece de Programa de Manejo desde que fue creada en 1981.
El instrumento define las reglas al interior del polígono y debió haberse expedido a un año de decretada el área protegida, que goza de la categoría más alta de protección.
Tampoco se ha indemnizado a los 180 posesionarios de terrenos, a los que les fueron expropiadas sus tierras; ni se ha corregido cartográficamente el trazo del polígono, que cae parcialmente dentro del mar, desprotegiendo en tierra parte de la superficie que debe abarcar.
La sentencia de la Corte, además de reconocer la existencia del decreto, su validez y la creación del área natural protegida, instruyó a la federación y al gobierno estatal a resolver el tema de la tenencia de la tierra y de los hoteles ya construidos ahí, que en esa época sumaban 800 cuartos, en promedio. Esto no ha sucedido desde entonces.
Portilla Manica, quien es también propietario de terrenos dentro del Parque Nacional, reprochó que no se ha cumplido lo anterior.
“Mi familia y yo, no tenemos problema porque nuestros títulos de propiedad están registrados ante el Registro Público de la Propiedad, que en Quintana Roo es constitutivo de derechos. Las indemnizaciones no se cumplieron, ni se cumplirán, porque el gobierno no tiene dinero”, expresó y acusó al director del área natural protegida, Fernando Orozco Ojeda, de pretender hacer valer un decreto que carece del Programa de Manejo.
“Yo entiendo que él está haciendo su trabajo, pero sin Plan de Manejo no hay reglas claras. Si yo presumo que quiero cuidar una cosa, debo predicar con el ejemplo. ¿Dónde está el Plan de Manejo?”, increpó.
El empresario, quien fue nombrado director general de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático de Tulum, el 10 de marzo pasado, rechaza que al haber aceptado el cargo, incurra en conflicto de intereses, pues afirma que no ha expedido ninguna licencia de construcción dentro de la poligonal y asegura que tampoco lo hará, porque sería ilegal.
“Mi familia y yo somos propietarios ahí de toda la vida, pero yo respeto el polígono y su decreto y no doy ningún permiso, ni lo daré, ni me lo han pedido. He respondido negativamente cuando me solicitan construir ahí, con base en lo que dice el decreto”, sostuvo.
Sin embargo, admite que, en el pasado, otros directores en ese mismo cargo, sí lo hicieron, con excepción de Gustavo Maldonado -su antecesor- quien en 2019, a petición del director del Parque Nacional, revocó casi una decena de licencias de construcción dentro del polígono.
Con la salida de Maldonado, quedó pendiente la revisión de un segundo bloque de licencias que deben ser también recovadas a solicitud del director del Parque Nacional Tulum.
En opinión de Portilla Manica, Orozco Ojeda carece de facultades para hacer tal petición y se extralimita, pese a que el funcionario federal está obligado a notificar y, en su caso, solicitar al ayuntamiento, mediante oficios de colaboración, la anulación o revocación de esas licencias, por contravenir el decreto del Área Natural Protegida, del cual él es responsable.
“Ha utilizado el puesto para sentirse poderoso y ha mandado oficios al ayuntamiento y al estado para que se revoquen permisos dentro del Parque”, manifestó.
El empresario y funcionario le recrimina también el bloquear permisos y cobrar por entrar al área natural protegida, vendiendo brazaletes a los hoteleros, para permitir el acceso y menciona que no es un personaje “bien visto” en el municipio, porque “tiene negocios con prestadores de servicios”.
Entrevistado por separado, se cuestionó al director del Parque Nacional sobre el cobro para acceder al área natural protegida, que fue el primer gran encontronazo que tuvo al tomar el cargo. También se le inquirió sobre la carencia del Programa de Manejo.
Sobre el cobro, recordó que, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, para acceder a cualquier área natural protegida administrada por el gobierno federal, se cobra un derecho.
Esto no sucedía en el Parque Nacional Tulum, pero a partir de las reformas a esa ley, la omisión del cobro le implicaría ser sujeto de responsabilidad administrativa, dijo.
El cobro -explicó- no lo hace directamente. Los prestadores de servicios, incluidos los hoteleros, compran la cantidad de brazaletes que desean y los pagan a la tesorería. “No hay tal negocio. Es un cobro que está en la ley”, atajó.
Orozco Ojeda admitió que el Parque Nacional carece de Programa de Manejo, mas no de reglas y regulación. Invocó la discusión de las y los ministros, previo a dictar sentencia de la SCJN, cuando coincidieron en que la inexistencia del instrumento, no implicaba desconocer los alcances del decreto.
Argumentó que en 2007 existía un borrador de Programa de Manejo que fue sujeto a consulta pública, pero el proceso fue interrumpido por la controversia constitucional que la presidencia de la República promovió, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en contra del ayuntamiento de Solidaridad, que pretendía densificar la poligonal a través de su Programa de Desarrollo Urbano.
Desde entonces -reconoce- no se había revisado el borrador. No obstante, adelantó que ya se tiene una versión actualizada de dicho instrumento, la cual está siendo verificada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer, antes Cofemer)
El funcionario añadió que el polígono está regulado por el Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum, vigente desde 2001 y por los criterios del decreto que prohíbe la construcción de hoteles y la propiedad privada, pues la categoría del Parque Nacional es la más restrictiva en cuanto a protección y los terrenos son propiedad de la nación.
“En el caso específico de la mansión, esa zona está sujeta a otros instrumentos de protección y conservación que impiden su construcción, como el acuerdo de destino a favor de la Conanp o el que se encuentre dentro de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, que no permite edificación alguna ahí. Es decir, no sólo es el decreto, que se empeñan en desconocer”, dijo.
“Lo que yo veo es que se está intentando desviar la situación, para justificar no sólo la construcción de la residencia, sino la construcción ilegal de los hoteles dentro del Parque Nacional. Hay una molestia contra mi persona porque no me presto a cosas indebidas y porque hago valer el decreto que protege al Parque. Ese es el gran problema”, consideró.
