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Guadalajara. — César (29) desapareció el 9 de abril de este año, por buscarlo, Pablo (34), su hermano mayor, fue asesinado tres meses después y su cuerpo localizado en una fosa clandestina de Guadalajara en agosto pasado; su madre ha denunciado a los posibles responsables, pero las autoridades siguen sin procesar y vincular los indicios del caso.
Desde el viernes, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) trabajan a marchas forzadas para tratar de revertir el daño causado al hacerse pública la manera en que se trata a los cuerpos de personas no identificadas —depositados en cajas refrigeradas de tráiler por falta de espacio— y aunque en seis días han habilitado más módulos de atención, los errores o la negligencia de los años anteriores sigue haciéndose evidentes.
Un ejemplo de ello lo relata la madre de ambos jóvenes. Después de la desaparición del menor de sus hijos, tras salir de trabajar en el centro de Guadalajara, el mayor se dedicó a buscarlo, el 13 de agosto recibió una llamada anónima: “Tenemos información de tu hermano”, le dijeron y lo citaron en un punto cercano a su casa.
“Yo le pedí que fuera con la fiscalía y reportara, pero se empeñó en ir solo, dijo que era algo rápido y se fue en su moto”, relata la mujer, mientras espera su turno en la segunda sala de espera que habilitó el IJCF para atender a los cientos de personas que desde el fin de semana pasado llegan buscando a sus familiares.
Esa noche Pablo tampoco volvió, interpusieron una nueva denuncia y pidieron que se vinculara la investigación por la desaparición de César.
El calvario. El 5 de agosto pasado, después de que los vecinos de la colonia Santa Elena, en Guadalajara, reportaran olores fétidos en una finca deshabitada, las autoridades estatales rescataron cinco cuerpos de una fosa clandestina. Una semana más tarde, amigos de César y Pablo hablaron con su madre y le notificaron del hallazgo, ella decidió acudir al IJCF para saber si sus hijos estaban entre las personas enterradas en ese sitio.
“Identificamos a Pablo por los tatuajes y ese mismo día vimos fotos de ropa que coincidía con la que traía César el día que despareció, entonces pedimos una prueba de ADN para ver si era suya”, recuerda.
La fiscalía emitió una orden para tomar muestras de ADN al cuerpo identificado con el número 256/2018, sin embargo, a un mes aún no hay resultados y los errores en el manejo de las pruebas empiezan a brotar.
La mujer decidió acudir ayer al IJCF para insistir y pedir que le entreguen los resultados, se decidió después de enterarse que colectivos de todo el país protestaron a las afueras del instituto para exigir ver los cuerpos que se mantienen en las cajas de tráiler.
Luego de una hora de espera un trabajador social la atiende, busca en la computadora un expediente y asegura que el resultado de la prueba fue enviado a la fiscalía; “pero nos traen de un lado a otro, en la fiscalía nos dicen que el resultado nos lo van a entregar aquí”, se queja desesperada.
Y cuando lo absurdo parece llegar a sus límites, otra muestra de realidad: le informan que el cuerpo clasificado con el número 256/2018 – al que se le habrían tomado las muestras de ADN– corresponde al de una mujer.
“Luego nos dieron otro número, nos dijeron que buscarían, que tal vez era el cuerpo 263/2018, pero ahora nos dicen que ese cuerpo es de un hombre de la tercera edad”, afirma la mujer a la que, sin pedirlo, las autoridades han convertido en protagonista de un relato kafkiano.
“Cuando le hablamos al agente que investigaba la desaparición de Pablo para decirle que ya lo habíamos localizado, nos dijo que entonces su trabajo había terminado, porque ahora le tocaba a los de homicidios”.
