Chilpancingo .– Aurelia García Cruceño fue liberada después de tres años de prisión acusada del delito de homicidio en razón de parentesco, por parto fortuito que sufrió.
Alrededor de las 9 de la noche, la jueza Mariela Alfaro Zapata dictó una sentencia absolutoria a favor de Aurelia.
El 2 diciembre se convocó a la audiencia final, sin embargo la FGE solicitó aplazarla y se reanudó este 19 y un día después la jueza dictó la sentencia absolutoria a favor de Aurelia.
En la última audiencia, explica la abogada, presentaron tres pruebas para comprobar la inocencia de Aurelia y las irregularidades del proceso.
La primera prueba fue el testimonio de una de los paramédicos que asistió a Aurelia cuando sufrió el parto fortuito, quién confirmó que cuando llegó el producto estaba sin vida y no como lo aseguró el MP de que Aurelia lo asesinó y de eso hubo testigos.
Lee también: Automovilista embiste a patrulla con detenidos dentro en Culiacán, Sinaloa
La segunda prueba consistió en un peritaje de la necropsia que le realizaron al producto que según el MP fue asesinado después de parto fortuito.
Sin embargo, en el nuevo peritaje se comprobó que la necropsia estuvo llena de irregularidades y fallas técnicas como para darle un valor científico.
La tercera prueba fue antropológica, es decir le mostraron a la jueza que Aurelia desde que vivía en su pueblo en Chilapa sufría violencia de género, pero no sólo ella, si no es estructural y sistemática: hay un machismo profundo, además de que no tienen derechos a la salud, a la educación, al trabajo por la marginación en la que vive Xochicalco.
El 2 de octubre del 2019, Aurelia García estaba sola en la casa de su tía, en Iguala. El sangrado vaginal que tenía desde una semana se intensificó y el dolor del vientre también. De forma repentina expulsó el producto y se le vino un sangrado profuso: sufrió un parto fortuito y después le vino un choque hipovolémico.
Lee también: VIDEO Tren embiste vehículo con joven dentro en Tlaquepaque, Jalisco
Al día siguiente, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) la detuvieron en el hospital donde la estabilizaron, acusada del delito de homicidio en razón de parentesco.
Dos días después, sin haber recibido el alta médica, fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Iguala . Tenía 19 años.
Tres meses atrás, Aurelia salió huyendo de Xochicalco, un pueblo nahua de Chilapa.
A Aurelia la violó sexualmente un hombre en el pueblo. No lo hizo una vez, fueron muchas. De esas violaciones quedó embarazada. Para evitar ser agredida y sometida al escarnio de los pobladores huyó.
Verónica Garzón Bonetti, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) , quien lleva la defensa de Aurelia, explica que desde el inicio el proceso ha estado plagado de irregularidades.
“La estigmatización de Aurelia por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, es la base en la que fundamenta la Jueza su determinación. Pareciera que quieren utilizar a Aurelia como ejemplo de un buen actuar, a pesar de los altos índices de impunidad y corrupción que imperan en Guerrero”, dice Garzón Bonetti.
De entrada, afirma, fue detenida de manera ilegal. En la acusación, el MP dice que Aurelia fue detenida en flagrancia. Es falso, dice la abogada, no hay ningún testigo presencial de los hechos. Además, al detenerla en el hospital no tuvo un intérprete, por ser hablante del náhuatl, que le explicara sus derechos. Al inicio del proceso, Aurelia no tuvo un representante legal.
Segundo, explica, a Aurelia la obligaron a aceptar un procedimiento abreviado, es decir: que asumiera la culpabilidad. Tampoco le explicaron las consecuencias de aceptarlo.
El 8 julio del 2021, fue sentenciada a 13 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco. Siete días después, las abogadas del IMDHD presentaron un recurso de apelación. El 17 de enero del 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León ordenó la reposición del proceso por las evidentes violaciones al debido proceso.
El 20 de julio de este año, la defensa de Aurelia solicitó el cambio de medida cautelar: que se le retirara la prisión preventiva oficiosa, tras llevar casi cuatro años de prisión, cuando el límite para esa medida son dos. La jueza se negó.
“La jueza señaló que ya no podía cambiar la medida cautelar porque Aurelia no garantizaba que tuviera dinero para llegar a las audiencias, porque es pobre y no tenía dinero para dar esa garantía monetaria”, explica la abogada Verónica Garzón.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
afcl/rcr