Chilpancingo.— Dos organizaciones criminales, Los Ardillos y Los Tlacos, en los últimos años se han expandido casi sin ningún impedimento en Guerrero; pareciera como si tuvieran permiso para hacerlo.
Esa expansión no ha sido discreta, ha dejado rastro: cientos de asesinatos y desapariciones, irrupciones, toma de pueblos y miles de desplazados.
En los casi cuatro meses del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, las dos organizaciones siguen operando con la misma libertad. Nada los detiene. Nada cambia.
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En este tiempo, ambas organizaciones han mostrado su capacidad. Hace unos días, unos 40 integrantes de Los Ardillos intentaron tomar por la fuerza la comunidad de Buenavista de la Salud, en Chilpancingo: durante una hora atacaron a balazos, pero hubo resistencia. Al final no lo lograron, pero dejaron su huella: siete personas murieron y el pueblo quedó sumido en el terror. Días después hicieron lo mismo en una comunidad de Chilapa.
Antes de que terminara 2021, Los Tlacos, también conocidos como Cártel de la Sierra, mostraron su poder: 100 de sus hombres detuvieron un convoy de la policía estatal, los encañonaron y le quitaron a dos de sus integrantes que minutos antes habían arrestado. Un mes antes, en noviembre, se atrevieron a declarar un toque de queda en Huitzuco.
Pero mucho antes ya habían determinado su control en los precios de la tortilla, refrescos, la carne y el transporte.
Cambio de poder criminal
Era 2014 y, en Chilapa, Los Rojos lo dominaba todo. Nada ni nadie impedía que operaran como quisieran: en el día se podían ver caravanas de seis o siete carros pasar por el centro de la ciudad repletos de hombres que dejaban ver sus fusiles por las ventanas.
La madrugada del 7 de julio, todo dio un giro. Fue la primera incursión de Los Ardillos a Chilapa. Cifras oficiales reportaron seis muertos en distintos puntos de la ciudad. Dos días después, en pleno centro, un grupo delictivo se enfrentó a tiros con policías estatales. Unos 40 minutos duró el intercambio de balas. Por todos lados se escucharon armas largas y bazucazos. Otra vez, el reporte oficial dijo que murieron siete personas, seis sicarios y un agente.
Sin embargo, los vecinos aseguran que en la calle Insurgentes, donde se dio el enfrentamiento, quedaron decenas de cuerpos tirados acompañados de una gran mancha de sangre.
En mayo de 2015, la balanza se inclinó a favor de Los Ardillos. El sábado 9 de mayo llegaron a la cabecera municipal unos 300 hombres armados a bordo de camionetas. Tomaron la comandancia de la Policía Municipal, les quitaron las patrullas y las armas, y se hicieron de la seguridad: instalaron retenes, catearon domicilios y negocios e hicieron detenciones. Todo a la vista de militares, gendarmes y elementos de seguridad estatales.
Los hombres armados se dijeron policías comunitarios y dejaron en claro su objetivo: cazar al líder de Los Rojos. Estuvieron cinco días y no pudieron lograr su objetivo. Salieron, pero se llevaron a por lo menos 16 jóvenes que hasta ahora no regresan.
Ahí comenzó la expansión de Los Ardillos; nada los detiene.
Los que han puesto resistencia son pueblos del corredor que conforman los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera. Se han armado, incluso hasta los niños, para protegerse. Esta resistencia ha costado muy caro para los comunitarios y los pueblos: 60 pobladores han sido asesinados, por lo menos 12 están desaparecidos y muchos han huido.
A los que se han quedado, su vida se ha reducido a lo mínimo: los niños no pueden ir a la escuela, pues recorrer el camino es un riesgo; los hombres no pueden ir al campo a trabajar, porque ahí los están cazando, nadie puede salir a comprar y los profesores y los médicos dejaron de ir.
Tierra de Los Tlacos
Se les conoce como Los Tlacos por su bastión, Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo. En 2018 irrumpieron en el escenario público: cientos de hombres armados tomaron decenas de pueblos de la Sierra y desplazaron a miles de habitantes que hasta hoy no ven posibilidad para poder regresar. Desde entonces, este grupo ha actuado con libertad: en Tlacotepec operan sin ser molestados. Al contrario, ha ampliado su territorio.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), en Iguala mantienen una disputa con la organización criminal La Bandera, remanente de Guerreros Unidos.
Ahí, sin casi ningún impedimento, han impuesto el precio del kilogramo de tortillas, de la carne y el refresco.
Este grupo amenazó en un video al nuevo alcalde, el priista David Gama Pérez. Lo llamaron a trabajar con ellos, pues de lo contrario habría consecuencias.
Pese al despliegue de violencia que las mismas autoridades le acreditan, casi nada se ha hecho para detenerlos, o por lo menos no lo suficiente, pues el Cártel de la Sierra sigue su expansión.
Desde octubre, Huitzuco se convirtió en su nuevo territorio. En noviembre pasado lanzaron una advertencia: nadie podría estar en las calles después de las 18:00 horas.
Al día siguiente del aviso, tres jóvenes desobedecieron. A las 21:00 horas salieron a comprar de cenar y los tres murieron.
Después de eso, el toque de queda se cumplió a rajatabla: en cuanto caía el sol, todos se encerraron. Los comercios bajaron sus cortinas y el transporte público acortó sus corridas. Las escuelas suspendieron las clases.
El grupo, como lo hizo en Iguala, impuso el precio de tortillas, refrescos, cerveza y carne.
Una muestra de su poder ocurrió el 22 de diciembre, en la carretera Chichihualco-Chilpancingo, cuando 100 hombres con armas largas pararon a dos patrullas de la policía que minutos antes habían detenido a dos de sus compañeros. Encañonaron y amenazaron a los agentes y les quitaron a los detenidos.
Los mismos policías narraron el hecho e identificaron a los armados como integrantes del Cártel de la Sierra, según el reporte oficial que se filtró a la prensa.
Un polvorín
De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en la anterior administración, en Guerrero operaban por lo menos 18 organizaciones criminales y 20 grupos de autodefensas. Muchos territorios son controlados por estos sujetos armados ante la desatención de las autoridades o con su permiso y protección.
En el caso de Los Ardillos, el vocero del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro, ha registrado que el grupo opera en por lo menos 20 municipios de tres regiones.
En ese sentido, Díaz Navarro señala que Los Ardillos han logrado tanto poder por su capacidad para corromper autoridades y comunidades.
Asegura que tienen en su nómina a policías municipales de Mochitlán y Quechultenango, donde está su bastión, pero también tienen a su servicio a oficiales comunitarias que operan en Chilpancingo, Chilapa y Zitlala. ¿Cómo lo han logrado? Díaz responde sin titubear: por la operación política de Bernardo, de uno de los hermanos Ortega Jiménez, los líderes de Los Ardillos.
Bernardo es actualmente diputado local, pero lo ha sido en otras tres ocasiones más, además de alcalde de Quechultenango.
Desde el Congreso, dice Díaz Navarro, Bernardo Ortega gestionó protección para sus hermanos Celso y Antonio, los herederos de Los Ardillos.
Para el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Guerrero hay una descomposición “por la ausencia de autoridades y la inexistencia de Estado de derecho”.
Y con este nuevo gobierno, Tlachinollan muestra su preocupación: “Los mandos no están a la altura de las circunstancias. Sus respuestas son tardías y, más bien, se teme que su prioridad no es replegar o enfrentar a los grupos armados, sino permitir que estas organizaciones criminales cuenten con regiones controladas, como parte de los acuerdos subrepticios que establecen los grupos políticos del estado para mantener intocables los intereses macrodelincuenciales”.
Y alerta: “Existe el riesgo de que se descarrile este modelo, al dejar crecer a los grupos armados, que no cesan en su afán de ampliar su radio de acción y extender su control”.