Juchitán.— El Congreso de Oaxaca aprobó esta semana una reforma al artículo 28 de la Constitución local en la que se modifica la frontera con Chiapas.
Con ello, se da cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Oaxaca, respecto a los límites entre ambos estados y la posesión de 160 mil hectáreas de selva.
Sin embargo, para las autoridades comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa, el problema creado por el gobierno federal hace 56 años, que derivó en la invasión de 160 mil hectáreas de la selva oaxaqueña de los Chimalapas por comunidades chiapanecas, no se resolverá de la noche a la mañana, pues existen pendientes como la extinción de ejidos, la delimitación física de la nueva frontera entre ambos estados y el pago de daños ambientales por décadas de explotación ilegal.
El presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa, Zósimo Hernández, expresó que por esa razón los pueblos zoques de ambos municipios tienen muy claro que mantendrán su voluntad de dialogar y conciliar, para que el proceso de recuperación física de su territorio sea por el camino de la paz.
“También tenemos muy claro que ambas comunidades no van a aceptar que les impongan decisiones desde los gobiernos federal y estatal”, manifestó el presidente de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras.
La reforma aprobada por el congreso estatal también autorizó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, la suscripción de un convenio amistoso de límites territoriales entre ambos estados, para lo cual este viernes se espera su visita a la zona.
Por ahora, ambas comunidades tienen el propósito de que la docena de ejidos chiapanecos que están en el territorio oaxaqueño se declaren nulos.
Actualmente, en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec ya están encauzadas las peticiones de nulidad de los ejidos de Canaán y Cal y Mayor, que pertenecen al municipio de Cintalapa, Chiapas.
Otros de los temas pendientes es el brecheo y colocación de mojoneras y el pago por daños ambientales que provocaron ganaderos y talamontes chiapanecos. Durante años, con permisos falsos de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), explotaron maderas preciosas, se aprovecharon de la resina, ampliaron sus potreros hacia dentro de la selva y traficaron con la fauna.
“En la mesa de diálogo con Semarnat y la Conanp vamos a pedirles que valoren, de acuerdo con las denuncias presentadas y al recorrido que realicen, el monto del pago por los daños ambientales”, finalizaron.
