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.- El exsecretario de Hacienda y el extesorero, Jorge Michel Luna y Armando Sanders de Mendoza, ambos en la administración de Graco Ramírez (2012-2018), fueron imputados por los delitos de peculado, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público , ya que presuntamente pagaron 21 millones 735 mil pesos por la compra de papelería de forma irregular, pues no existió un contrato que validara la transacción, ni evidencia de que los bienes existieron.
La acusación de la Fiscalía Anticorrupción del estado precisa que Sanders de Mendoza presuntamente no evitó que se realizaran diversos pagos a la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., pese a que no se justificaban los pagos realizados a dicha empresa.
Por esta misma comisión delictiva fueron imputados Jorge "N" ex subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Carlos "N" exdirector General de Presupuesto y Gasto Público, debido a que por el cargo que ostentaban, cada uno tenía la obligación de controlar el gasto público conforme a la normatividad aplicable.
Con esta nueva acción de Fiscalía Anticorrupción suman tres exservidores públicos cercanos al exmandatario estatal, acusados de corrupción durante sus encargos.
La última semana de febrero fue detenida Patricia Izquierdo Medina, exsecretaria de Obras Públicas, por desvío de recursos y el exgobernador acusó irregularidades en el procedimiento penal.
En el caso de Michel, actual asesor del presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, la Fiscalía informó que durante la audiencia celebrada ayer en la sala 4 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, con una duración de casi 11 horas, presentó más de 30 datos de prueba, documentales y testimoniales, para demostrar que los exservidores públicos presuntamente cometieron los delitos señalados, ya que autorizaron 76 pagos a la empresa referida, durante el año 2017 para erogar un total de 21 millones 735 mil pesos.
A solicitud de la agente del Ministerio Público, el Juez impuso a los imputados, las medidas cautelares de firma periódica mensual y la prohibición de salir del país. Además concedió 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso.
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