Con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, desde el 18 de julio en todos los estados tendrían que estar operando las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y sus titulares deberían haber sido aprobados por los congresos estatales; no obstante, sólo nueve entidades han designado a sus fiscales y una ratificó a quien ya ocupaba al puesto.
De los nueve fiscales que ya han sido nombrados sólo el de Sonora, Odracir Espinoza Valdez, surgió de una terna propuesta por un comité ciudadano; tres llegaron al cargo luego de una convocatoria abierta: el de Tamaulipas, Javier Castro Ormaechea; Coahuila, Jesús Flores Mier, y Querétaro, Benjamín Vargas Salazar. Los cinco restantes fueron propuestos o designados directamente por el gobernador o el fiscal general, lo que ha motivado cuestionamientos respecto a su autonomía.
En Oaxaca la elección fue a partir de una terna propuesta por el gobernador Alejandro Murat, de la cual resultó elegido por 27 diputados Jorge Irenguas Álvarez.
Los fiscales anticorrupción de Puebla, José Flota Ocampo; de Tabasco, Luz del Alba Pardo, y del Edomex, José de la Luz Viñas, fueron nombrados por el fiscal general de su entidad. En los dos primeros casos se trató de empleados de dicha dependencia, mientras que el mexiquense proviene de dependencias federales como la PGR y la Segob.
En Quintana Roo, la recién elegida, Rosaura Villanueva Arzápalo, nació de una terna planteada también por el fiscal. Ella también pertenecía a la fiscalía local, pues se desempeñaba como vicefiscal general antes de convertirse en zarina contra la corrupción.
En total, de los nueve fiscales ya elegidos, cinco fueron primero empleados de las fiscalías locales. Ese es el caso de Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Tabasco y Quintana Roo. El caso de Morelos es particular, pues ya contaba con un fiscal Anticorrupción, quien fue ratificado por el Congreso, por lo que hasta 2018 se designará al nuevo ya dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.
Los estados decidieron a su propio criterio el modelo que seguirían para la elección y nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción. De las 32 entidades, en seis el fiscal general es el responsable de presentar la terna o designarlo directamente.
En ocho el gobernador lo nombrará o presentará propuestas de candidatos; en dos, en conjunto con ciudadanos. Doce estados lo harán por convocatoria abierta y sólo en Yucatán, además de Sonora, ciudadanos serán los responsables de su nombramiento. En Tlaxcala y Zacatecas aún no se define la forma.