Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) notifique a las autoridades municipales de Paraíso su destitución por incumplir con un laudo, entonces se tendrá que llamar a sus suplentes, informó la vicecoordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Tabasco , Gloria Herrera de la Cerna .
“Lo que procede es que una vez que se le notifique la sentencia al Ayuntamiento, deben separarse del cargo y que asuman los suplentes, pues dicha resolución es incuestionable”, expresó.
La Suprema Corte de Justicia ordenó la destitución y consignación penal de todo el Ayuntamiento de Paraíso, por desacatar una sentencia de amparo que desde hace cinco años ordena pagar cerca de 40 millones de pesos a 23 trabajadores municipales.
Por unanimidad determinó la separación de todos los integrantes del actual Ayuntamiento y proceder penalmente también contra las ex autoridades.
La legisladora, explicó que sólo en caso que los suplentes del alcalde perredista, Bernardo Barrada Ruiz y de los regidores se negaran a asumir sus funciones, entonces el Congreso del Estado deberá intervenir para crear un Concejo Municipal.
“Solo en este caso el Congreso debe nombrar un Concejo para terminar el período, pues así lo señala el artículo 36 de la fracción XXXIII de la Constitución de Tabasco”, expresó.
Herrera de la Cerna recordó que las ex autoridades y las actuales deberán ahora enfrentar un juicio ante un juez federal por el presunto delito de incumplimiento de sentencias de amparo.
El presidente municipal de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz ha calificado como legal pero “injusta” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de destituir y ordenar un proceso penal en contra de todos los integrantes del cabildo actual y de la pasada administración por negarse a pagar un laudo.
“Consideramos legal pero injusto en perjuicio de habitantes de Paraíso, toda vez que se violenta el mandato constitucional de las mayorías al destituir a alguien electo democráticamente”, manifestó el edil de extracción perredista.
Si bien informó que aún no ha sido notificado formalmente de la resolución de la SCJN ni del procedimiento a seguir por parte del Congreso del Estado, aseguró que su administración heredó ese adeudo laboral por 95 millones de pesos, pero reveló que habían cubierto 30 millones.
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