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A dos días de que el Congreso de Oaxaca vote un dictamen para prohibir la venta, regalo o suministro de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) hizo un llamado a congelar la iniciativa, pues asegura que ante la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, no es el momento de golpear aún más la economía de los pequeños negocios.
El próximo miércoles 5 de agosto, los integrantes de la 64 Legislatura votarán para adicionar el Artículo 20 Bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , que en los hechos prohibiría que los menores de 18 años puedan comprar directamente refrescos y otros productos con alto número de calorías.
Ante ello, la ANPEC señaló que desde el gobierno federal se ha reconocido que nuestro país se encuentra sumergido en una profunda crisis económica, y que según el Instituto de Geografía y Estadística (Inegi), el segundo trimestre de este año presentó una caída de casi 20 puntos del PIB, provocando la pérdida de más de un millón 200 mil empleos formales, y más de 15 millones de subempleos y actividades informales.
Lo anterior, dijo, se traduce en que 16 millones de mexicanos engrosaron las filas de la pobreza y pobreza extrema del país y más del 55% de las familias mexicanas no cuentan con los recursos necesarios para comprar los productos de la canasta básica, por lo que la medida impulsada por la diputada Magaly López Domínguez (Morena) pone aún mayor riesgo la economía de los pequeños comerciantes, y por tanto la conservación de los empleos.
De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC,
impulsar la prohibición de estos productos no llevará a un cambio de hábitos de consumo; y señala que, al contrario, “lo que se prohíbe se promueve”.
“Prohibir la venta de estos productos a menores de 18 años es una medida que colapsará a muchos de los 78 mil pequeños comercios de Oaxaca, provocando pérdida de empleos, más cierres de negocios y desesperanza en las familias que de esto viven. Con esta iniciativa, en Oaxaca una persona de 17 años podrá trabajar, conducir un vehículo, hacer su servicio militar, pero no comprar un chocolate, un panecillo o refresco en su tienda de barrio", cuestionó.
El dirigente aseguró que no basta con una prohibición de este tipo para concretar un cambio de hábito de consumo, pues intervienen muchos factores como el estrés, sueño, horarios para ingesta y digesta, activación e hidratación y, sobretodo, el poder de compra.
“Nutriólogos, bariatras, internistas y economistas señalan que lograr llevar un estilo de vida saludable es una asignatura compleja y multifactorial, de mediano y largo aliento, obviamente no se podrá lograr con un simple decreto”, afirmó.
El líder de la ANPEC señaló a la diputada que no debe perder de vista que la pandemia del Covid-19 también ha impactado con toda su fuerza a la economía de los oaxaqueños, y que ahora es urgente cerrar filas por defensa del empleo.
“Es impedir que se sigan perdiendo fuentes de trabajo, fortalecer el poder de compra de los oaxaqueños, garantizar el abasto de los productos de alta demanda a la población, fortalecer el libre comercio en Oaxaca en apoyo a la industria de alimentos, turística, artesanal y de lo esencial”, aseguró.
En entrevista con EL UNIVERSAL el presidente de la ANPEC profundizó que este tipo de prohibiciones a la larga traen más consecuencias negativas, como por el ejemplo el aumento de la venta de estos productos en el mercado informal.
Según Rivera, legislar hacía la prohibición no puede cambiar por decreto los hábitos de consumo de la población, por lo que al prohibir la venta de estos productos, lo que único que se hace es orillar a jóvenes y a niños a conseguirlos por otras vías.
Mencionó como ejemplo la prohibición de venta de cigarros y alcohol a menores de edad, y cómo estos productos los consiguen por otras vías, en su mayoría informales, fuera de los puntos de venta. Lo anterior, dijo, porque un negocio funciona por la demanda de los clientes y ésta no va a cambiar de un día a otro.
“Toda prohibición ha fracasado. Legislar así es hacerlo en letra muerta y das rienda suelta a la corrupción. Se va a promover la informalidad. Los diputados son muy duros con el comercio legal y los pequeños comerciantes, pero no voltean ni por error a ver el mercado negro e ilegal”,
aseguró.
Agregó que los gobiernos no tendrían capacidad pada vigilar el cumplimiento de la prohibición, por lo que comenzaría una caza de los comerciantes que abonaría a alimentar el fenómeno de la corrupción.
“Esta ley nace muerta. Las autoridades no tienen el músculo suficiente para poder vigilar la prohibición y sólo abonará a generar corrupción. No es la mejor vía”, dijo.
Ante ello, consideró que la propuesta sólo busca ser políticamente correcta y alinearse a la cruzada que ha emprendido el gobierno federal contra las refresqueras, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud , Hugo López-Gatell , vocero nacional sobre la pandemia, quien hace unas semanas llamó a estas bebidas “veneno embotellado”.
“Están responsabilizando a la población de estar enferma antes de la llegada del virus. No lo desconocemos, el país ya padecía de enfermedades antes del Covid-19, pero no podemos cambiar la conversación, ahora el tema es la capacidad económica y la defensa del empleo”, consideró.
Ante ello, hizo un llamado a los legisladores oaxaqueños para esperar y congelar la iniciativa, pues aseguró que no es el momento y que el tema debe debatirse a profundidad y tomando en cuenta la postura del sector de comerciantes.
“No hay tiempo para reflectores, para pretender verse políticamente correcto, el impacto de la pandemia de Covid-19 es un descalabro sin precedentes en nuestra economía y salud pública, 500 mil contagios y 50 mil decesos , su elevado y doloroso costo humano. No hemos controlado la pandemia y no acabamos de entender la nueva normalidad. Los semáforos no funcionan, en muchas partes del país han bajado la guardia, provocando rebrotes. Esta es la fotografía nacional", apuntó.
Ante ello anunció que este miércoles una representación de la ANPEC hará presencia en el recinto legislativo para hacer llegar su postura a los diputados antes de la votación.
Magaly López, la legisladora morenista que impulsa el tema en el Congreso oaxaqueño ha señalado que la propuesta nació desde hace más de un año e insiste que la prohibición no afectaría a los pequeños comerciantes, dado que sólo se pide terminar con el acceso directo de los niños a los productos, y que sean los padres quienes tomen la decisión del consumo de los mismos en sus hijos.
“Sabemos que la bebidas azucaradas y los alimentos de alto contenido calórico no aportan ningún valor nutrimental. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo entre adultos; es importante que legislemos a favor de la salud de los niños”.
Por ello, pidió que los organismos empresariales revisen el dictamen pues aseguró que la prohibición no es general, y los pequeños comerciantes podrán seguir vendiendo dichos productos.
“Esta prohibición es para que los niños no puedan conseguir estos productos directamente, pero sí a través de sus padres o tutores, son ellos quienes van a tener esta responsabilidad de darselos o no a los niños”, puntualizó en un video sobre el tema.
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