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Guadalajara.- A dejar de utilizar a la Universidad de Guadalajara como botín político, llamaron los Tres Poderes del Estado y advirtieron que ningún individuo, autoridad o grupo de personas puede adueñarse de una institución pública, además de poner en claro que esta casa de estudios no ha sufrido recorte presupuestal alguno.
Además, la Universidad de Guadalajara no es un partido político que lucha por el poder público, tampoco es un negocio privado ni una agencia de colocación de funcionarios.
Razón por la cual, ninguno de los Tres Poderes Públicos de Jalisco va a permitir que quienes han secuestrado a la Universidad de Guadalajara pongan en riesgo el legado de Fray Antonio Alcalde, el futuro de las nuevas generaciones y la estabilidad del estado, sentenciaron.
En un desplegado, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado, Daniel Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el diputado José María Martínez, Presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, reclamaron que no se utilice a la universidad para cuidar los negocios de un grupo político.
Denuncian que desde hace más de tres décadas el grupo político que controla la universidad ha distorsionado el concepto de autonomía para justificar todo tipo de abusos.
“Por eso es importante entender que la autonomía de la Universidad de Guadalajara es de cátedra. Es decir, nadie puede coartar la discusión de las ideas, imponer una ideología o forma de educar, investigar y difundir la cultura.
“Su autonomía es la libertad de conocimiento y de ciencia, y eso siempre será respetado. Pero la autonomía universitaria, como lo ha establecido con toda claridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no está por encima de los Poderes Públicos y de nuestro marco constitucional”, se consigna en el desplegado.
Asimismo, mencionan que es relevante entender, que la Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno de Jalisco y su financiamiento proviene de las arcas del Estado.
Como todo presupuesto público, es propuesto por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Poder Legislativo y sujeto a regulaciones legales sancionables por el Poder Judicial.
“Con el mismo método su presupuesto puede ser modificado y, como cualquier ente público, la Universidad de Guadalajara debe rendir cuentas y someterse al escrutinio público con los controles y la vigilancia del estado”, se agrega.
También, ponen en claro que es relevante que la comunidad universitaria sepa que no ha habido ningún recorte presupuestal ni se ha afectado el patrimonio universitario.
La Universidad de Guadalajara tiene un presupuesto ordinario superior a los 13 mil millones de pesos cada año. Del 2019 a la fecha, ha recibido del gobierno de Jalisco más de mil 260 millones de pesos, por encima de lo que establece el convenio financiero para su subsidio, además de otros 404 millones de pesos para garantizar los incrementos salariales al personal universitario.
Refieren que tan solo para infraestructura educativa de la Universidad de Guadalajara se han invertido 845 millones de pesos del 2019 a 2022, lo que equivale a un 56 % más que lo destinado para este fin en todo el sexenio anterior, cuando el secretario de Finanzas del Gobierno de Jalisco era, por cierto, el actual rector.
Por eso “es insostenible el reclamo de quienes controlan a la universidad cuando acusan un trato presupuestal injusto para nuestra máxima casa de estudios.
El verdadero propósito de las manifestaciones de los últimos meses es recuperar los cotos de poder que durante décadas este grupo ha tenido”, aseveran.
