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Oaxaca de Juárez.— Ante el próximo cierre del Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán, que será cambiado de sede, y las recientes denuncias de extranjeros en tránsito, que acusaron malos tratos y abusos de funcionarios oaxaqueños durante el paso de una caravana, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) lanzó un llamado a pobladores y autoridades a actuar con empatía y solidaridad ante esta emergencia humanitaria.
Elizabeth Lara, titular de la DDHPO, explica que en la entidad existe una alerta temprana para advertir el riesgo de violaciones a los derechos humanos de los migrantes; sin embargo, reconoce que al tratarse de un éxodo de un tamaño nunca antes visto, ni autoridades ni pobladores estaban preparados para esta crisis.
“Veo disposición, ha habido esfuerzos [de las autoridades] por atender el tema, pero han sido invisibilizados por esta ola masiva de migrantes, sin precedentes en el estado”, expone.
No obstante, Elizabeth Lara indica que la defensoría ha documentado una serie de abusos en contra de la población migrante que cruza la entidad, incluidos cobros y atropellos económicos de servidores públicos, ante lo cual asegura que personalmente se habla con los presidentes municipales para que brinden ayuda humanitaria.
“Hablamos con ellos para que aporten esta asistencia humanitaria, pero ya depende de ellos generar estas condiciones. Nosotros hemos pedido a las autoridades, pero depende del corazón de cada una de ellas si brinda esa ayuda”, dice.
De acuerdo con datos del gobierno estatal, suman casi 200 mil los traslados regulares de migrantes que se han realizado a través de los centros de movilidad, más todos los que cruzan el territorio de manera irregular. Del total, al menos 30% son menores de edad.
“Hacemos un llamado a la sociedad oaxaqueña y a las autoridades porque es el momento de ayudar, de ser empáticos”, afirma.
