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Juchitán de Zaragoza.- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas informó, a través de un comunicado, que después de 9 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene una propuesta de sentencia final, relativa al juicio de Controversia Constitucional 121/2012 contra la invasión del estado de Chiapas, por lo que exigen una respuesta lo más pronto posible, apegada a la conciencia ecológica.
Dicha controversia fue presentada por el gobierno del estado de Oaxaca, contra la invasión del territorio indígena del pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa, por parte parte del gobierno del estado de Chiapas, en diversas administraciones, amparando y brindando con ello, cobertura y protección a intereses de madereros, ganaderos y rancheros invasores neolatifundistas, utilizando como escudos humanos a cientos de familias tsotsiles provenientes de la región de Los Altos, a quienes ilegalmente y bajo engaños los gobiernos chiapanecos y federal, a lo largo de 40 años otorgaron ejidos, dentro de los bienes comunales Chimalapas, expusieron los inconformes.
El recurso fue admitido formalmente por los ministros Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y José Fernando Franco González Salas, el 20 de diciembre de 2012 y emitida por el gobierno de Oaxaca, durante la administración de Gabino Cué.
Esto gracias a la pacífica y constante presión ejercida por las comunidades Chimalapas, teniendo como pretexto la creación el 23 de noviembre de 2011 del nuevo municipio denominado Belisario Domínguez, ubicado totalmente dentro del territorio comunal y municipal de Santa María y San Miguel Chimalapa.
"Reiteramos nuestra denuncia y profunda indignación y preocupación, por haber constatado todos estos 30 años, cómo a pesar de haberse confirmado jurídicamente la propiedad comunal de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, mediante la emisión de dos decretos presidenciales, actas de posesión y deslinde y planos definitivos, el dolosamente creado conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas , ha sido utilizado por los gobiernos sucesivos de esta última entidad para, de facto, alegar que la superficie en diferendo, aproximadamente 160 mil hectáreas, no sólo está ubicada en el estado de Chiapas, sino que es propiedad de éste, desconociendo así la propiedad comunal chimalapa y amparando política y policialmente, a los intereses de empresas madereras, contrabandistas, ganaderos y rancheros que, a la fecha han devastado casi 50 mil hectáreas de selvas, bosques de pino-encino y bosques de niebla ", argumentaron en el documento.
Es por ello que el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas hizo un llamado a los 11 ministros que conforman el pleno de la SCJN a que emitan una sentencia final relativa a la Controversia Constitucional apegada no sólo a los hechos históricos, ni a la prevalencia de los derechos de los pueblos indígenas, sino apegada a su conciencia ecológica, sobre todo en momentos de la crisis climática, siendo que el territorio comunal de Los Chimalapas constituye todavía la zona de mayor producción de servicios ecosistémicos de México.
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