Tlaxiaco.— A 23 días de la volcadura en un barranco de un camión de pasajeros que dejó 30 muertos y una decena de heridos, familias de la nación ñu’u savi, de la región de la Mixteca de Oaxaca, reúnen la documentación que les garantice la reparación del daño y las indemnizaciones de parte de la empresa Autotransportes Yosondúa.

Sin embargo, las operaciones de la línea de autobuses aún no han sido supervisadas por autoridades federales y sigue ofreciendo corridas de la Ciudad de México y el Estado de México a Santiago Yosoundúa, Oaxaca, con paradas en distintas comunidades de la región. Tampoco cuenta con multas o cancelación de permisos, según confirmaron a EL UNIVERSAL el gobierno de Oaxaca y la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal.

“La empresa tiene un permiso federal y cumple los parámetros, de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Oaxaca. Debido a que no está regulada en el ámbito estatal, hemos solicitado la información a la SICT y nos manifiestan que ha cumplido con los requisitos”, señala en entrevista Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

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De acuerdo con el funcionario oaxaqueño, el gobierno estatal está atendiendo la parte jurídica con las familias y la empresa de autobuses, para lograr que se haga responsable del accidente. “Se ha seguido atendiendo a las víctimas, se les ha dado el respaldo financiero y están ahora en los trámites con las familias para las indemnizaciones de las personas que fallecieron”, detalla.

Para los deudos, este entramado legal no hace más que mantener abierta una herida que les impide comenzar a procesar el duelo.

José de Iturbide, originario de Chalcatongo, quien perdió a su madre en el accidente del miércoles 5 de julio, narra que el proceso de reunir todo el papeleo es arduo, por lo que, tras el sepelio y los rezos, están volcados en ello. “Apenas estamos en proceso de entablar una negociación con la aseguradora de la empresa; estoy reuniendo los requisitos”, cuenta.

Las operaciones de la empresa de autobuses aún no han sido supervisadas por autoridades federales; sin embargo, la SICT promete que realizará una inspección. Foto: Francisco Rodríguez / El Universal
Las operaciones de la empresa de autobuses aún no han sido supervisadas por autoridades federales; sin embargo, la SICT promete que realizará una inspección. Foto: Francisco Rodríguez / El Universal

Esto lo confirma José Nicolás, otro de los deudos, quien al igual que otras 10 familias de esta comunidad viven el duelo, pero siguen con prisa tratando de conseguir los documentos de las víctimas, sin certeza de que la empresa vaya a indemnizar a todos por igual.

Sin medidas básicas de seguridad

Entre los pasajeros iba uno de los hermanos de José Manuel Jiménez, migrante que radicaba en Estados Unidos y que había decidido visitar a su familia, lo que no logró, pues murió con otro familiar en el accidente. “Venía de Estados Unidos de visita, luego no viene, pero ahora se le ocurrió venir en este autobús”, relata José, lamentando la muerte de su hermano.

La razón de que los pobladores de esta región hagan uso de estos autobuses, pese a que no cuentan con las medidas básicas de seguridad, es sencilla: no tienen otra opción.

Isabel Jiménez, una pasajera regular de los autobuses que constantemente acude a la capital del país por mercancía lo constata. “La gente que va a la Ciudad de México y que viaja en estos autobuses es la que se dedica al comercio, porque es más barata y porque es directo y porque no hay de otra”, afirma.

La línea de autobuses Autotransportes Yosondúa es la única empresa que tiene como base Santiago Yosundúa, comunidad ubicada en las montañas de la región de la Mixteca.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas han señalado una y otra vez que el vehículo tenía fallas recurrentes y sufrió desperfectos mecánicos desde el estado de Puebla y de nuevo varios kilómetros antes del lugar del accidente.

El hermano de Marcos Cuevas, chofer que perdió la vida al instante de la volcadura, asegura a EL UNIVERSAL que antes Marcos le comentó que ningún conductor quiso tomar el autobús accidentado, porque no le servía bien el freno y tenía fallas mecánicas. Además, ese día, debido a la temporada vacacional, el autobús iba con cupo lleno de pasajeros y rebasado en paquetería, servicio de envío que ofrece además de transportación.

En un viaje realizado por este medio para verificar las condiciones de estos autobuses luego del accidente, se constató que niños, jóvenes, ancianos, mujeres y familias permanecían en reducidos asientos y sin un cinturón de seguridad, durante más de 10 horas de viaje, desde la Ciudad de México a Santiago Yosondúa.

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicó que tiene programada una visita de inspección a la empresa y se comprometió a dar a conocer los detalles a las autoridades encargadas de la investigación, según su área de Comunicación Social.

Por retrasos como este, pese a que ya han pasado tres semanas del accidente, aún no se tiene un informe oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) sobre lo que causó la tragedia y tampoco se ha informado si hay alguna persona investigada por la muerte de las 30 víctimas.

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Mientras que el gobierno de Oaxaca, a través de Jesús Romero, asegura que están al tanto con los familiares para “detectar alguna situación irregular, estamos abiertos con los familiares a saber si se violenta algún derecho que ellos tienen”, señala.

Este medio buscó a la empresa de autobuses para conocer su postura; no obstante, no contestan en sus teléfonos en Oaxaca, mientras que en la terminal de la capital del país se deslindaron y pidieron comunicarse a Tlaxiaco.

En tanto, en el teléfono proporcionado a las familias para dar seguimiento al proceso, un empleado de la línea de autobuses señaló que deben consultar con su equipo legal antes de hacer una declaración. “Vamos a comentarlo con los abogados y la aseguradora y después nos contactamos para darles mayor información”, indicó el trabajador que se negó a identificarse.

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