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Xalapa, Veracruz.
En las imágenes, docenas de personas sonríen, gritan eufóricos y con sus teléfonos celulares, no dejan de grabar ni un solo segundo la escena en la plaza pública del municipio poblano de Acatlán de Osorio: dos hombres son envueltos en llamas mientras sus quejidos se ahogan en medio de la “venganza” colectiva.
Para autoridades y especialistas en sicología social, el comportamiento de la muchedumbre, para mancharse de sangre sin pensar en las consecuencias, es síntoma de un enojo colectivo por la falta de justicia y una crisis de autoridad.
Puebla es una de las entidades que lidera los casos de personas asesinadas, a manos de habitantes enardecidos (en el presente año suma 15), quienes de “justicieros” pasan a engrosar las listas de asesinos.
“Por tanto enojo pierden la conciencia y el bien común”, explica la doctora en sicología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Dulce María Pérez Torres.
Afirma que la crisis de autoridad deriva en que las personas afecten su moral y tomen decisiones como los linchamientos, que ahora se transmiten en vivo hasta por redes sociales.
El campesino Alberto Flores Morales, de 53 años, y su sobrino Ricardo Flores Rodríguez, de 22, fueron señalados de “robachicos” en la comunidad de San Vicente Boquerón y asesinados horas más tarde en la cabecera municipal. Eran inocentes.
En tres décadas, grupos de poblanos han hecho justicia por propia mano de manera cada vez más recurrente, sin importar que muchas de las víctimas hayan sido inocentes.
“La crisis de autoridad genera violencia social, todos disfrutan, participan y todos se manchan las manos de sangre y sacan el encono”, describe Pérez Torres.
La violencia, remarca, se da en grupos organizados que al momento de actuar pierden la conciencia del bien común sobre las acciones que ejercen, en determinadas zonas de Puebla.
“Hay grupos organizados y no organizados que ejercen la violencia para que otras personas logren enojarse y puedan hacer lo que hacen. Ellos es tán organizados con el toque de las campanas y gritos, que los llevan a actuar”, afirma.
En el presente año se han registrado 146 intentos de linchamiento en diversos municipios del estado de Puebla, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría General de Gobierno.
Gracias a los protocolos de seguridad implementados por el gobierno del Estado, 203 personas fueron salvadas de morir en manos de la muchedumbre, esa misma que logró matar a golpes y quemados a 15.
Las investigaciones posteriores descubrieron que en 40% de los 146 casos de intentos de linchamientos jamás se comprobó que las personas, en manos de la muchedumbre, hubieran cometido algún delito.
Pero también del lado oficial hubo omisiones: hasta antes de los linchados de Acatlán de Osorio (con dos detenidos, uno de ellos murió) no se tenía registro de detenido alguno señalado de participar en los linchamientos, indicó a EL UNVERSAL la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado.
Pérez Torres explica que una vez desbordadas las pasiones de quienes participan en linchamientos, también lo aplauden, pues es una forma de sacar el malestar social que tienen hacia las autoridades.
Por eso calificó como urgente una reeducación social para concientizar a los ciudadanos sobre las desventajas de tomar justicia por propia mano en las comunidades caracterizadas por usos y costumbres.
“Las acciones no tienen nada que ver con religión, sólo hay motivación a la violencia. Hay que reeducar socialmente a largo plazo para evitar estos problemas, tampoco se trata de imponer algunas acciones en zonas donde hay usos y costumbres”, agrega.
Culpa al sistema de justicia
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Jesús Morales Rodríguez, opinó que la mayoría de los linchamientos tienen su origen a la impunidad que genera el nuevo sistema de justicia.
“No es posible que entren delincuentes a la cárcel y a las pocas horas, días, meses salgan, eso provoca el enojo de la gente, genera la frustración y deriva en estas conductas sociales, deriva en homicidios”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que si no existe una revisión a fondo del sistema de justicia, difícilmente se dará la certidumbre a los ciudadanos que las autoridades cumplen con su obligación para encarcelar a quienes cometen un delito.
“La policía puede estar atenta para responder cualquier tema de linchamiento, pero si no hay certeza jurídica, la justicia de propia mano seguirá creciendo”, advirtió.
Condenó que los delincuentes salgan libres tras sus fechorías y por consecuencia en las fallas del sistema de justicia que tiene pocos años de operar en el país. Manifestó que el desencanto social deriva que pobladores juzguen por igual, sin realmente conocer si son presuntos responsables de algún delito.
Solicitó a las ciudadanos un voto de confianza al trabajo de las autoridades, que se encargan de las investigaciones en contra de presuntos delincuentes para que sean llevados ante la justicia.
“El llamado que hacemos es que dejen de hacer justicia por propia mano, porque sólo cometen un delito al asesinar a una persona y se convierten en delincuentes”, afirmó.
