Apatzingán.— A un mes del despliegue de fuerzas estatales y federales en el Valle de Apatzingán, los productores y empacadores de limón todavía pagan extorsión a los grupos del crimen organizado.
Hace casi dos meses que la violencia contra los limoneros originó que se paralizara la actividad citrícola en ese municipio. En respuesta, el gobierno federal y estatal implementaron un operativo para —según dijeron— garantizar la seguridad de productores y empacadores extorsionados.
Ahora, los citricultores dijeron a EL UNIVERSAL que el despliegue de las fuerzas seguridad ha resultado en una simulación.
Luis Antonio tiene una huerta de limón en la que invirtió sus ahorros de 10 años, de cuando trabajó en Estados Unidos. Dice que las cosas en Apatzingán están cada vez peor.
Señala que no sólo no han dejado de pagar la extorsión, sino que los grupos criminales ya les hicieron efectiva la nueva “cuota”, y tienen que pagar un peso por kilo cortado y un peso más por kilogramo comercializado en el empaque. Es decir, 20 centavos más por kilo que lo que pagaban hace unos meses.
“Haga de cuenta que al mismo kilo le están sacando [de extorsión] dos pesos las mañas de aquí, los grupos del Valle de Apatzingán”, dice.
Refiere que los operativos no han sido funcionales ni inteligentes, debido a que nadie detiene a quienes cobran la extorsión.
Considera que es una burla que el despliegue de las fuerzas de seguridad se concentre en el tianguis limonero y en algunas zonas de empaque, porque en esos lugares no están los líderes delictivos.
Luis Antonio señala que lo que sí hay son personas a las que conoce como “contadores”, que avisan cantidades de corte y empaque de limón para calcular las cuotas a pagar.
Precisa que los dueños de los empaques son los encargados de descontarles el peso por kilo a los productores, y junto con su impuesto, se lo entregan al jefe de plaza.
“Hay ciertas personas [empacadores] que ya nos conocen, que dicen: ‘a fulano hay que entregarle la cuota y hay que entregársela sin excepciones, ni réplica ni nada’”, sostiene.
Considera que el nuevo impuesto criminal demuestra, una vez más, el poder que tienen las organizaciones delictivas sobre las autoridades.
“Las extorsiones siguen todavía al día, oiga. La Asociación de Limoneros no vemos el apoyo del gobierno. O sea, nomás es como una simulación lo que está pasando”, reitera.
José María es un empacador de limón de Apatzingán que confirma que son ellos los encargados de hacerle llegar el dinero de la extorsión a los grupos criminales.
Asegura que no tienen más opción que seguir las indicaciones de la delincuencia porque, de lo contrario, las consecuencias pueden ser graves, incluso, perder la vida.
“Pues en primer lugar le iban a parar el negocio, y en segundo lugar, ya sabe a lo que se refieren ellos, lo desaparecen a uno. O pagas o cuello”, enfatiza.
José María también es productor y refiere que, desafortunadamente, los citricultores pagan las necesidades de los cárteles con la extorsión.
“Necesitan comprar armas, munición, para los amores que tienen ellos, para las bebidas, para sus fiestas. Hacen peleas de gallos, se chingan un millón de pesos, que al cabo al siguiente día lo emparejan [recuperan] con los productores”, lamenta el citricultor.
Coincide con Luis Antonio en que los operativos carecen de efectividad, porque a pesar de que las autoridades saben dónde están los responsables, no los detienen.
“Ya que la autoridad se ponga las pilas y haga su trabajo; que no le deje el trabajo a otras personas [Policía Auxiliar]. Y esas personas [criminales], disfrutando de los jodidos”.
Francisco Huacus Esquivel, diputado federal por el PT y secretario de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, señala que cuando se reactivó el corte, los criminales cobraron la cuota en retroactivo.
Relata que un productor le dijo que le hablaron y le indicaron que llevaba retraso en el pago.
Ante esta situación, señala enfático: “Mientras los grupos de la delincuencia organizada no logren identificar que hay una autoridad con huevos, van a seguir haciendo lo que les plazca”.
Indica que, en días pasados, los productores sostuvieron una reunión privada en la que, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, ahora tendrán que pagar ellos por la seguridad en sus huertas y en los empaques.
El legislador expone que esto es una burla y un gasto más que saldrá del bolsillo de los limoneros, a pesar de ser una obligación del Estado, lo que considera inaceptable.
Asegura que hay colusión de los gobiernos porque “¿quién va a renunciar a mil millones de pesos al año de extorsión? ¡Nadie! Por eso vemos una batalla campal entre grupos de la delincuencia”, recriminó.
La SSP ha reportado detenciones de sujetos, pero ninguno de los 11 objetivos delincuenciales por quienes se ofrece recompensa.