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Aunque el gobierno federal anunció que disponía de mil 230 hectáreas de tierra para la instalación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz, finalmente el polígono en el que se instalarán las empresas se limitó a 57 hectáreas, de acuerdo con el decreto publicado el 19 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.
El pasado 18 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto con el que se creó la ZEE de Salina Cruz, que comprende 57 hectáreas de tierra, sin contar los recintos fiscales y el área de contenedores, que tiene el propósito de atraer inversiones, generar empleos y combatir la pobreza en el sur de Oaxaca.
Con esa extensión, la de Salina Cruz será la más pequeña de las cinco Zonas Económicas Especiales que ya han sido decretadas. La ZEE de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tiene 547 hectáreas; la de Progreso, Yucatán, 320; la de Puerto Chiapas dispone de 523 y la de Coatzacoalcos, Veracruz, es de 257 hectáreas.
De acuerdo con cámaras de industria y comercio, las 57 hectáreas que conforman la ZEE de Salina Cruz serán insuficientes para alcanzar los objetivos que se estimaban.
En mayo pasado, por ejemplo, el secretario estatal de Economía, Jesús Rodríguez, anunció la construcción de un agroparque con una superficie de 100 hectáreas, el cual se localizaría en la ZEE de Salina Cruz. Este proyecto contaría con una inversión de mil millones de pesos para producir jugos de mango y piña.
“Con una superficie de 57 hectáreas, ¿cómo pretenden construir en la ZEE un agroparque que requiere 100?”, pregunta al respecto Anselmo López Villalobos, dirigente de la industria pesquera oaxaqueña.
Excluidos. Inicialmente, este proyecto se contempló como un polo de desarrollo para todo el Istmo de Tehuantepec, pero el decreto finalmente considera como área de influencia a Salina Cruz.
Esta situación, dice Román Bernal, presidente de la Cámara de Comercio de Ixtepec, se dio para evitar la consulta del proyecto con los pueblos indígenas de la región.
De acuerdo con el artículo 12 del decreto firmado por el presidente Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas deben consultar a los pueblos originarios que consideren que los proyectos de inversión lesionan sus derechos. No obstante, en el Istmo “no hay condiciones sociales” para efectuar las consultas y por esa razón la Zona Económica Especial se redujo a las 57 hectáreas de Salina Cruz”, considera Bernal, y agrega que por ello “los pueblos del Istmo quedaron fuera de los beneficios”.
Pendientes. La región del Istmo de Tehuantepec, sobre todo el puerto de Salina Cruz, goza de una ubicación geográfica privilegiada en el sur del estado: conecta por tierra con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y por mar con la costa oeste de EU, los países asiáticos y los del sur del océano Pacífico.
Es por este potencial estratégico que a lo largo de su historia contemporánea el sur de Oaxaca ha experimentado varios proyectos para combatir la pobreza, pero ninguno ha funcionado, recuerda Juan González Davar, representante de profesionistas y empresarios del Istmo.
El agente naviero Mario Ramón Cisneros Lazarillo coincide. Recuerda que desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se impulsó un plan para el desarrollo del Istmo, pero no fructificó. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los proyectos para el desarrollo integral del Istmo retomaron fuerza; sin embargo, enfrentaron el rechazo de las comunidades indígenas que con el lema de “El Istmo no se vende” se opusieron a los megaproyectos.
A pesar de ello, en 1990, Salinas de Gortari emitió un decreto en el que estableció la Zona Libre en Salina Cruz, durante un periodo de cinco años, para promover el desarrollo industrial y el intercambio comercial con el exterior. “La Zona Libre no funcionó porque en esos años se registró un drástico descenso en la operación portuaria, no hubo tráfico de buques y tampoco de mercancías”, explica Cisneros Lazarillo.
