Irapuato.— El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez , señaló que la masacre ocurrida el miércoles en un centro de rehabilitación de este municipio es evidentemente “una situación del crimen organizado”.
Luego de que en redes sociales circularon escritos en los que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuye el atentado, mientras otras versiones aputan al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), el edil señaló que el hecho tiene que ver con una disputa entre diferentes cárteles por el mercado de la droga. Sin embargo, evitó hacer mención de la organización criminal que pudiera estar detrás de la matanza.
“Evidentemente que esto es una situación del crimen organizado, es la disputa de las diferentes bandas, cárteles, que existen en el país o en la región; por supuesto que no es la primera ocasión que tenemos esta situación propiciada por esta mentalidad de la guerra del narco”, dijo Ortiz Gutiérrez.
En conferencia de prensa, el alcalde panista informó que suman ya 26 los muertos, entre los cuales hay menores de edad.
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El munícipe precisó que fueron siete los atacantes que huyeron a bordo de dos camionetas.
El alcalde informó que ayer por la mañana participó en una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, representantes de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y autoridades de seguridad federales, durante la cual se estableció que se requiere la actuación de los tres órdenes de gobierno ante la escalada de violencia que se vive actualmente en Guanajuato.
“La guerra de estos grupos delincuenciales, la violencia que se ha venido dando no sólo se ha dado en los anexos, sino también en las calles”, aseveró Ortiz Gutiérrez.
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El edil dijo que en la reunión se habló de que hay que hacer algo con los anexos, porque la mayoría son irregulares, buscar que hagan los trámites para que se registren o, bien, cerrarlos.
El alcalde de Irapuato señaló que ha sido complicado ese trabajo, porque el municipio ha cerrado algunos anexos irregulares y, al poco tiempo, abren en otro domicilio.
De acuerdo con el registro de la autoridad municipal, tan sólo en Irapuato hay tres anexos regularizados, 15 más están en proceso de ponerse en orden y 29 que funcionan al margen de la ley.
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El centro de rehabilitación para adictos donde fue el ataque operaba de forma irregular desde hace al menos dos años con el nombre de Recuperando Mi Vida, de acuerdo con vecinos de la zona, quienes afirman que era un anexo mixto. Por las tardes el lugar se convertía en un salón de culto donde los fieles hacían oración, cantaban y bailaban.
Al respecto, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, anunció ayer que en adelante trabajarán a puerta cerrada ante el temor de que sus anexos puedan ser atacados.
En declaraciones a medios locales, dijo desconocer los motivos por los que grupos armados han atacado anexos en los últimos meses, aunque reconoció que en algunos centros que operan sin registro se dan casos de jóvenes que son obligados a vender droga.