Guanajuato.— Durante 2024 asesinaron a 64 policías en Guanajuato en puestos de vigilancia, patrullas en movimiento, emboscadas, enfrentamientos, cuando dormían en sus hogares o acompañaban a sus familias, en tres embestidas los criminales también mataron a sus hijos.
La cifra de oficiales caídos equivale a la mitad de la fuerza policial del municipio de Apaseo el Grande y coloca, por segundo año consecutivo, a Guanajuato como la entidad con más agentes asesinados.
En el año que termina, la violencia alcanzó a funcionarios públicos de otras áreas de seguridad y Protección Civil, con fallecimientos por armas de fuego de tres bomberos y tres paramédicos en Celaya y Apaseo el Grande, de la jueza Cívica en Santiago Maravatío, el juez Cívico de Salvatierra y del responsable de las cámaras de vigilancia en Celaya.
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Los criminales dirigieron sus brazos armados en contra de agentes policiales que en días de descaso realizaban tareas familiares y, al menos en 20 casos, después de concluir su jornada laboral.
La policía estatal Rosario Arriaga Zavala y su hija Julieta fueron ejecutadas el 3 de diciembre en la carretera Pénjamo-Huanímaro, en Abasolo, a bordo de un vehículo particular. También en esa localidad, el 5 de febrero acribillaron al policía estatal Ramón Ponce y a sus dos hijos, de 11 y 18 años, y con explosivos quemaron su casa.
En Celaya, el 20 de febrero mataron a una policía municipal y a su niña de seis años, en el camino de su casa a la escuela, en la colonia Hacienda Natura.
La Fiscalía General del estado encontró vínculos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), que pelean por la plaza, en las agresiones contra policías, pero al igual que la Secretaría de Seguridad del estado mantienen la política de evitar identificarlos en público.
En el último trimestre del año, tras la llegada de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, 22 oficiales murieron a balazos y ocho fueron heridos, tres de ellos en la explosión de un carro bomba afuera de la base de Seguridad Pública en Acámbaro.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, señaló que en la recta final de 2024 hubo un viraje en las acciones de seguridad, y la delincuencia organizada comenzó a atacar a los policías estatales y custodios de algunos penales, como el de León.
“Este viraje se da porque Juan Mauro González [secretario de Seguridad y Paz del estado], da la instrucción para que la Policía Estatal combata con mayor determinación a los cárteles, que en la anterior administración se replegaron y tuvieron una actitud casi de brazos caídos”, señaló David Saucedo.
En el homenaje póstumo de los policías María del Carmen, Roberto, Manuel y Pablo, acribillados en el ataque a un convoy el 18 de diciembre en Uriangato, Juan Mauro González emitió un mensaje para los activos de las Fuerza de Seguridad Pública del Estado (FSPE): “Seguiremos enfrentando a la delincuencia con inteligencia y coordinación. No podemos replegarnos y hacernos para atrás, como si no pasara nada”.
La gobernadora explicó que para la protección de los integrantes de la fuerza de la Secretaría de Seguridad y Paz se cuenta con protocolos y carta de atención cuando se presenta alguna amenaza hacia ellos o cuando participan en actividades que pueden poner en riesgo su integridad, y destacó las gestiones que realiza ante el Consejo Nacional de Seguridad para que se autoricen armas (de más calibre) a los policías estales ante la guerra desigual que enfrentan con grupos criminales que portan armas automáticas.
Racha de seis años
Hasta el tercer trimestre de 2024, la constante era asesinatos de policías municipales, justo porque los cárteles tratan de tener el control de las direcciones de Seguridad Pública en las alcaldías o municipios en donde operan y porque en la mayoría de los casos los policías colaboran con algún grupo criminal, según especialistas.
En cinco de los últimos seis años, Guanajuato ocupó el primer lugar en homicidios dolosos de policías, sólo en 2022 fue superado por Zacatecas.
En seis años asesinaron a 451 policías en diversos municipios de Guanajuato. En los registros del último lustro la organización de la sociedad civil Causa en Común documentó que en esta entidad privaron de la vida a 66 en 2018; 73 en 2019; 84 en 2020; 54 en 2021; 50 en 2022 y 60 en 2023, en tanto que EL UNIVERSAL contabilizó 64 en 2024.
Las corporaciones con más pérdidas son la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal de Celaya, con 24 oficiales caídos, y la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, con 12 policías acribillados y muertos, entre ellos dos mujeres y cinco elementos del Sistema Penitenciario. La Fiscalía General del estado registró el homicidio de dos agentes de investigación criminal, en Jaral del Progreso y Celaya, además de una elemento de la Guardia Nacional en Salamanca.
Los homicidios de policías se perpetraron en Celaya (25), Irapuato (4), Salamanca (4), Uriangato (4), León (6), Guanajuato (3), Jerécuaro (2), Santiago Maravatío (2), San Luis de la Paz (2), San Francisco del Rincón (2), Comonfort (1), Yuriria (1), Silao (1) Apaseo el Alto (1), Cortazar (1), Moroleón (1), Apaseo el Grande (1), Abasolo (2) y Jaral del Progreso (1).
De acuerdo con cifras de la organización Causa en Común, los estados con mayor número de policías asesinados en 2024 son: Guanajuato (64), Estado de México (22), Guerrero (22), Chiapas (20), Nuevo León (16), Tamaulipas (16), Sinaloa (16), Michoacán (14), Baja California (13) y Colima (12).
De 2018 a 2024, durante cinco años Guanajuato ocupó el primer lugar en crímenes de policías (sólo en 2022 lo superó Zacatecas), a pesar de la estrategia de mercadotecnia para sensibilizar de que los policías tenían una familia, y de los protocolos, no lograron inhibir las ejecuciones de agentes de seguridad.
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Tampoco surtió efecto el decreto que en 2021 emitió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para la protección de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, tras las matanzas de policías en sus domicilios, y que obligó a oficiales estatales a huir de sus casas con sus familias.
Para tal efecto debió constituirse una Comisión Dictaminadora encargada de recibir y analizar el nivel de peligrosidad de cada amenaza, con la finalidad de determinar la procedencia, duración y modalidad del apoyo que se ofrecerá al uniformado, de la que a la fecha no se ha revelado sus resultados oficiales.
La madrugada del 10 de diciembre mataron dentro de sus viviendas a tres elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz, los tres hermanos, en la comunidad El Sauz, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; uno pertenecía a las FSPE asignado a Celaya, otro era custodio en el Cereso León y su hermano custodio del Centro de Internamiento para Adolescentes. Su padre, delegado de esa comuna, también fue custodio.