Más Información
estados@eluniversal.com.mx
Morelia.— Con la liberación del ex gobernador interino Jesús Reyna García, están fuera de la cárcel los nueve servidores públicos detenidos por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo Cervantes, por órdenes del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
En enero de 2014, Peña Nieto emitió un decreto por el que se creaba el órgano administrativo de la Secretaría de Gobernación que buscaba pacificar y controlar la situación que Michoacán afrontaba por la guerra entre grupos de la delincuencia organizada; Castillo Cervantes fue designado como titular.
Con la llegada del funcionario federal se detuvo a líderes criminales, otros fueron abatidos al enfrentarse a elementos de las fuerzas federales, como Nazario Moreno González El Chayo o El Más Loco, fundador de Los Caballeros Templarios.
Además, fueron detenidos funcionarios estatales y municipales acusados de estar coludidos con la delincuencia organizada.
Sin embargo, en su mayoría, los servidores públicos libraron las rejas al no existir sólidos elementos de prueba en su contra o por la debilidad de la integración de las averiguaciones previas, como demostraron las defensas de los implicados en una tercera instancia.
Reyna hablará. Ayer por la madrugada, el ex gobernador Jesús Reyna García abandonó el penal David Franco Rodríguez, luego de cuatro años ocho meses de reclusión.
Se le acusaba de delincuencia organizada en la modalidad de fomento de delitos contra la salud.
A su salida advirtió que en su momento dirá todo lo necesario para dejar claro lo relativo a su detención; su defensa explicó que la libertad absolutoria se dio luego de que la PGR no pudo sostener las acusaciones en su contra.
El michoacano fue nombrado por el Congreso del estado como gobernador interino en abril de 2013, tras el permiso que solicitó por motivos de salud el entonces mandatario Fausto Vallejo Figueroa. Apenas tenía unos meses de haber dejado el interinato y regresado a su puesto como secretario de Gobierno cuando fue detenido el 4 de abril de 2014.
Alcaldes en la mira. En la era de Alfredo Castillo Cervantes fueron capturados también los alcaldes Uriel Chávez, de Apatzingán (PRI); Noé Octavio Aburto Inclán, de Tacámbaro (PAN), y Jesús Cruz Valencia, de Aguililla (PRI).
Asimismo, Dalia Santana Pineda, de Huetamo (PRI); Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro (PRI); José Luis Madrigal Figueroa, de Numarán (PRD), y de Charapan, Simón Vicente Pacheco (PRD).
La mayoría acusados por los delitos de extorsión, secuestro, cohecho y delincuencia organizada, y recluidos en el penal de Mil Cumbres.
Entre 2014 y 2015 cinco de ellos fueron liberados tras comprobar su inocencia y luego de que se evidenció tortura y falta de pruebas para procesarlos. Sólo quedaban tres ediles en prisión; sin embargo, Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro, quien fue exhibida en videos en plena negociación con el líder criminal de Los Templarios, corrió otra suerte: murió dentro de la cárcel el 20 de marzo de 2015.
El 23 de noviembre, el ex edil de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio, fue puesto en libertad al ganar un juicio de amparo de revisión, luego de que su defensa echó abajo las imputaciones en su contra por delincuencia organizada.
Oseguera Solorio fue detenido el 28 de abril de 2014, mientras se encontraba en funciones, luego de que salió a la luz un video en el que aparecía en plena convivencia con el ex líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez La Tuta. También se le acusó de secuestro y extorsión, pero fue declarado inocente.
Quien también libró las rejas fue la ex alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, quien apareció en las videograbaciones en las que convivían con La Tuta, aunque fue exonerada por los cargos de delincuencia organizada, todavía enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio calificado.
Entre 2014 y 2015, años en los que realizó labores la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el número de homicidios dolosos disminuyó 14%, de 904 a 777, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Sin embargo, los resultados no fueron visibles a largo plazo, tras la desaparición de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, el número de homicidios dolosos incrementó y no ha logrado disminuir considerablemente. En 2016 se registraron mil 287; en 2017, mil 249, y hasta noviembre de este año habían ocurrido mil 228, según el SNSP.
