Oaxaca de Juárez.— Tras nueve años en prisión sin recibir sentencia, dos indígenas mazatecos originarios de Eloxochitlán de Flores Magón considerados como presos políticos, obtuvieron el cambio de medida cautelar que los mantenía en prisión preventiva, por lo que podrán seguir su proceso en libertad.
Se trata de Herminio Bonfil y Jaime Betanzos, quienes salieron en libertad luego de estar en prisión desde 2014 sin haber sido sentenciados. Ambos, junto con otros cinco hombres, fueron acusados del asesinato de Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada Andrade, así como de lesiones a Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y su madre, delitos que por años han sido señalados como “fabricados” por las familias de los presos.
En los últimos meses, los hechos violentos del 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán han recobrado notoriedad por las protestas de los familiares de los presos y por la creación de la llamada “autodefensa de mujeres” en esa comunidad de la región Cañada de Oaxaca.
Como parte de esas protestas lideradas principalmente por Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, expresidente municipal de Eloxochitlán, se ha acusado a Elisa Zepeda Lagunas —víctima de esos hechos violentos—, de presunto tráfico de influencias, fabricación de delitos y de caer en contradicciones en su narrativa de los sucesos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Elisa Zepeda asegura que se trata de un “litigio mediático” con el que se pretende lograr la liberación de las personas que la agredieron e intentaron matarla, asesinaron a su hermano Manuel Zepeda y a Gustavo Estrada, así como quienes causaron las lesiones de gravedad a su madre, y de los que afirma, identifica plenamente.
Asevera que es falso que estas personas hayan sido categorizadas como presos políticos por el Senado de la República, y que el fin de las “autodefensas de mujeres” de Eloxochitlán, únicamente es proteger a Omar Hugo Morales Álvarez, considerado evasor de la justicia por un “error” del Poder Judicial, e implicado directamente en los hechos violentos de 2014, acusado de homicidio y tentativa de homicidio.
Tras la liberación de dos de los indígenas mazatecos, permanecen en prisión preventiva y sin sentencia cinco personas acusadas del delito del homicidio, tentativa de homicidio y daños por incendio. Entre los detenidos destaca el entonces presidente municipal, Alfredo Bolaños.
Elisa Zepeda afirma que los avances en la búsqueda de justicia han sido muy lentos, y ahora también como víctimas tienen que enfrentarse a un litigio mediático, con el que afirma pretenden que los imputados logren el beneficio de ser considerados presos políticos y obtener su libertad, aprovechando el decreto de amnistía de 2018, que emitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Las pruebas están, las dos personas fallecidas pues ya no están, mi madre y yo que somos sobrevivientes mantenemos esta lucha constante, y ahora estas personas en el litigio mediático, lo que buscan, primeramente, bajo el argumento de ser presos políticos, es aspirar a la amnistía, que en 2018 el presidente López Obrador anunció este ejercicio de derechos humanos que creemos que es algo proactivo; sin embargo, debe ser pasado por un proceso de investigación”, expresa la titular de la Secretaría de la Mujer de Oaxaca.
Los familiares de los presos, dice, han manejado el discurso que son presos políticos también para “sorprender la buena voluntad” de las personas que ocupan cargo de toma de decisiones y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, pero, apunta, basados en mentiras.
Al mismo tiempo, ella y las demás víctimas decidieron buscar los medios necesarios para llevar las carpetas de investigación y las evidencias, para comprobar ante las instancias de procuración de justicia federales que las personas privadas de su libertad son homicidas y que cometieron delitos graves.
“No ha habido ninguna concesión por parte de la Federación, de organismos, de acreditarlos como personas presas políticas. Ha habido escuchas, sí, nuestra lucha está justamente basada en los hechos de estos delitos graves, que además fueron con premeditación, alevosía y ventaja, los cuales están sustentados en los expedientes”, dijo.
Elisa Zepeda niega el tráfico de influencias, porque de lo contrario ya habría justicia para ella, su madre, su hermano y Gustavo Estrada; además que, en gran parte del proceso jurídico, ella no ocupaba ningún cargo público, así como tampoco en el momento en que ocurrieron los hechos.
“Lo que solicito es una investigación imparcial, incluso las visitas, como comunidad hemos dicho que vengan y hagan el sondeo abierto, aquí, a la comunidad, que nos pregunten qué es lo que pasó en 2014, que nos pregunten quién es Jaime Betanzos, quién es Alfredo Bolaños y quiénes son las personas implicadas en los hechos de 2014”, finaliza la funcionaria.
