Oaxaca de Juárez.– Pasaron más de 48 horas, tiempo en el que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no emitió ninguna información oficial sobre los delitos que se les imputaban ni dio a conocer su situación legal, para que finalmente anoche quedaran en libertad las cuatro personas activistas y defensoras de derechos humanos que permanecían detenidas tras ser apresadas la tarde del sábado, luego de participar en una marcha-calenda para protestar en contra de la gentrificación que ha disparado el costo de la vivienda y los servicios en la ciudad de Oaxaca.
“¡Estamos felices de anunciar que todos los arrestados arbitrariamente en Oaxaca luchando contra la gentrificación fueron liberados esta noche!! ¡Nos gustaría dar las gracias a todos los que levantaron la voz en solidaridad! ¡Oaxaca no es una mercancía!”, anunciaron colectivos y activistas en redes sociales.
Este sábado una protesta ciudadana en la que se realizaron pintas y se rompieron cristales de negocios del Centro Histórico derivó en la detención de seis manifestantes a quienes el gobierno de Oaxaca acusa de causar daños en propiedad ajena y espacios públicos, vandalismo y agresiones. Dos personas ya habían sido liberadas previamente.
Las personas defensoras de derechos humanos que permanecían presos eran Filadelfo Aldaz Deciderio, Sergio Andrés Céspedes Fernández, Ricardo Martínez Contreras y Antonio Díaz Miramon, quienes realizan activismo a través de los colectivos La Comedora Comunitaria, La Campamenta y Cojudidi, lo anterior reconocido por a propia Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
La liberación de las personas activistas se dio luego de que cientos de organizaciones sociales, colectivos y activistas a título individual exigieron la liberación inmediata de los manifestantes bajo el reclamo a gobierno de Salomón Jara Cruz (Morena) que protestar no es un delito.
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Este lunes, integrantes de organizaciones sociales se manifestaron afuera de Ciudad Judicial, donde se encontraban los activistas presos, para exigir su liberación inmediata. Acusaron que se trataron de detenciones arbitrarias pues no existían ordenes de aprehensión, y de que hubo un uso excesivo de la fuerza de parte de elementos de la Policía Estatal.
Además de la liberación inmediata de sus compañeros, exigieron el fin del “hostigamiento judicial y jurídico” a Nizayeéjh Chávez y Metztli Jiménez, quienes fueron liberadas previamente, pero para quienes “no ha cesado la presión del Estado”, declararon los manifestantes.
Testimonios de los detenidos indican que se les mantuvo incomunicados por más de cinco horas y se les impidió contar con asesoría legal. Al pasar de los días distintas organizaciones se sumaron a los señalamientos contra las autoridades estatales, las cuales, alertaron, podrían intentar fabricarles delitos a los activistas detenidos.
Concretamente denunciaban que el gobierno de Oaxaca violentó su derecho a la protesta y al debido proceso, pues no existían órdenes de aprehensión y tampoco se les detuvo en flagrancia.
Familiares de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, familias víctimas desplazadas de la región triqui y otros colectivos fueron algunos de los que se sumaron a la exigencia de liberación, así como decenas en todo el país.
Las organizaciones denunciaron “la criminalización de la protesta social contra el saqueo territorial y cultural que sufren los pueblos de Oaxaca”, así como persecución contra activistas y defensores y represión policial desplegada desde el gobierno estatal, por lo que responsabilizan al gobernador Salomón Jara.
Ayer, el gobernador justificó las detenciones, descalificó los objetivos de la movilización y condenó que se trató de “una protesta racista” porque alimentaba el odio en contra de extranjeros y turistas porque entre las pintas se leían mensajes como “pinches blancos”.
“La lucha racista es repudiable. Ahí tenemos el ejemplo de Hitler, que creyó que era de una raza superior, yo no sé si estos jóvenes son de una raza superior, pero en Oaxaca no hay razas superiores”, afirmó el mandatario.
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Jara Cruz reclamó que los manifestantes agredieron a turistas, por lo que insistió que el mensaje de la manifestación era de odio.
“No hay simpatía de la población con estas causas. El odio y el racismo no es una causa, no tiene cabida en nuestro estado”, dijo el gobernador, quien evidenció que desconoce cómo opera el racismo y que no existen condiciones estructurales de desigualdad y desventaja para que los extranjeros puedan ser víctimas de racismo de parte de los oaxaqueños, y por tanto no existe como tal el “racismo inverso”.
Jara Cruz evadió responder si su administración tomará acciones para frenar la escalada de precios de la vivienda y los servicios, efectos de la gentrificación que terminan por desplazar a los pobladores locales, quienes son sustituidos por extranjeros que sí pueden costear el aumento de precios.
EL UNIVERSAL buscó a la fiscalía estatal para conocer exactamente cuáles son los delitos que se le imputaban a cada uno de los activistas y cuándo terminaba el periodo legal para que se determinara si se le vinculaba a proceso, pero el área de comunicación social dijo que no contaba con dichos datos.
“Oaxaca no es una mercancía. Hoy se demuestra que la organización comunitaria y la solidaridad logran arrancar la libertad a los gobiernos autoritarios. Seguimos denunciando la criminalización en contra de los compañerxs de Puente Madera, Santa María Mixtequilla (pobladores opositores al megaproyecto del Corredor Interoceánico) y Eloxochitlán; exigimos la libertad de todxs y el alto a la represión en su contra”, llamó el Observatorio de Memoria y Libertad.
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