Cada día, en México son presentadas en promedio 59 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, es decir, contra padres irresponsables y ausentes que dejan de otorgar respaldo económico a sus hijos, violentando así a las madres y los pequeños. Contra ellos va la Ley Sabina.

Estas denuncias, registradas por el , sólo reflejan los casos en que se incumple con una pensión alimentaria que ya fue estipulada por un juez, no obstante, en el país miles de mujeres enfrentan a diario la maternidad en solitario, al tiempo que son juzgadas e incluso acusadas de “elegir mal al papá de hijos”, en una cultura que no evidencia que quienes eligen ser malos padres siempre serán ellos.

“Hay casos de madres que llevan 15 o 20 años buscando pensión alimentaria o un reconocimiento de paternidad (...) Tenemos un chip tan patriarcal que los fortalece a ellos bajo argumentos que nos han enseñado, como ‘puedo sola’. Es hora de hacer ver que nuestro silencio los fortalece y les permite actuar con impunidad”, dice Diana Luz Vázquez Ruiz , madre de Sabina y promotora de la ley que lleva el nombre de su hija.

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Este proyecto consiste en un conjunto de 40 reformas legislativas y busca visibilizar la violencia económica y emocional que sufren las mujeres que son dejadas a la deriva en la crianza de sus pequeños y, sobre todo, que los deudores paguen, evitando así que los derechos de las infancias sean vulnerados.

“Los deudores tienen un perfil: son agresores sicológicos, económicos y a veces hasta físicos de madres e hijos. Siempre tienen como mínimo dos víctimas: la madre y el niño, aunque hay quienes tienen múltiples hijos y parejas, y a todos violentan”, dice Deneb Guzmán, quien promueve la Ley Sabina.

Agresores, los más protegidos

Un violentador pocas veces actúa solo, en el caso de la violencia económica también es así. A los malos padres los respaldan sus familiares, amigos y el Estado. Es el caso de César Eli Sánchez Domínguez, quien en casi 12 años nunca se ha hecho cargo de su hijo y hoy es ocultado por sus padres, en Oaxaca, para no pagar pensión alimentaria.

“Era un tipo simpático, que fingía ser muy amable y encantador, pero apenas nació nuestro hijo mostró su verdadero rostro. Nunca aportó dinero a la casa, nunca quiso hacerse responsable, aun cuando un juez le fijó una pensión equivalente al salario mínimo, prefirió salirse del trabajo y luego esconderse”.

La historia la cuenta Deneb, quien hoy vive en Sinaloa y ha sobrevivido a la violencia económica, emocional e institucional en un camino por garantizar el bienestar de su hijo.

Al conocer historias similares de otras mujeres, Deneb identifica que los deudores son agresores y en muchos casos también delincuentes, “evasores fiscales” que con tal de no pagar pensión alimentaria a sus hijos renuncian al trabajo o consiguen prestanombres para trabajar y adquirir propiedades”.

Eso no es todo, dice, pues los agresores tienden a no aportar económicamente cuando están en la relación de pareja, además de que al anticipar una separación aprovechan para pedir préstamos o hacer que sus parejas compren muebles o propiedades a su nombre, para luego irse y llevarse todo.

“Platicando con otras mujeres, eso es más común de lo que se piensa (...) En 2013, antes de separarnos, César aprovechó que mi mamá tenía un dinero extra para pedirle 80 mil pesos prestados para poner un negocio. Nunca pagó”, cuenta.

Hoy, tras haber pasado por decenas de obstáculos y tres abogados, Deneb asegura que capturar a su deudor será difícil, pero en el proceso acompaña a otras madres. La Ley Sabina las hizo encontrarse a todas.

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Madres autónomas

Sabina tiene cinco años y una gatita que se llama Mishita. Es una niña valiente , al igual que su madre, Diana Luz, quien un día, fortalecida por sus amigas, decidió ponerle un alto al padre de la pequeña, un deudor alimentario.

Su activismo comenzó en Oaxaca , su tierra, con un llamado en redes sociales para que madres víctimas de violencia económica contaran sus historias y luego éstas fueran compartidas en tendederos de denuncia.

“Pensé que todo se resolvía con tener un abogado, pero no fue así (...) Ante tantas trabas, un día me decidí y bastó con una publicación en Facebook para que en una semana tuviéramos 70 casos de padres deudores en Oaxaca. Entonces me dije que (...) es un problema de miles de madres en todo el país”, platica.

En poco más de un año, a Diana Luz se han unido otras mujeres en movimientos como el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios. El proyecto de reformas de la Ley Sabina ha sido presentado en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Baja California. Se busca también que el tema llegue de forma clara a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Entre otras cosas, la Ley Sabina busca la implementación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios que sea público y administrado por la Secretaría de Gobernación (Segob), al tiempo que propone sanciones a los deudores, como su ingreso al Buró de Crédito, el retiro de sus pasaportes y que se les niegue el acceso a cargos de elección popular.

Al hablar sobre la violencia que en los procesos legales sufren madres y niños, Diana Luz explica que hay todo un entramado de vacíos legales que hacen muy complicado acceder a la justicia, al tiempo que la corrupción protege a los agresores, muchos de ellos incluso abusando de posiciones de poder.

“El Estado es responsable y corresponsable de la violencia institucional, no es posible que a un juez le llegue un caso de solicitud de pensión alimenticia y tarde años en emitir una sentencia (...) En Oaxaca hay un caso de un excandidato del Partido del Trabajo cuya hija ya tiene 11 años, pero se niega a hacerse la prueba de ADN para hacerse responsable y pone todo tipo de pretextos: que tiene Covid, que la jeringa con que le van a hacer la toma está sucia”, dice.

Otro punto importante para Diana Luz es repensar la maternidad y los prejuicios que laceran a las madres que ya son violentadas económicamente.

“Para que existan tantos profesionales, tantos hombres en puestos de poder y cargos públicos, ellos tienen la facilidad de que alguien cuide de sus hijos e hijas. Nosotras tenemos que truncar nuestra profesión, 80% de las madres mal llamadas solteras de este país, yo diría las madres autónomas, están en condiciones de pobreza o están a una de estar en condiciones de pobreza”, señala.

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