Chilpancingo.— “¡Traidor, traidor”, gritó el contingente apenas vio al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez Esquivel, cuando el martes se asomó por una de las puertas del edificio legislativo.
El contingente terminó la marcha en el Congreso local. Sin embargo, desde una hora antes, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) y sus policías comunitarios de cinco municipios, así como habitantes de 300 poblados na savi, nahua, me’phaa y ñomndaa marcharon desde el norte de la capital.
La protesta tuvo sólo un objetivo: rechazar la forma en que los diputados intentan “consultar” la iniciativa de ley para los derechos y cultura de los pueblos originarios que le ordenó al Congreso de Guerrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Dicen que están consultando a los pueblos originarios, pero nadie conoce la iniciativa, ni siquiera todos los diputados la conocen”, acusó el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, durante la marcha.
Hace un año, la SCJN declaró inconstitucional la ley de reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos originarios y afrodescendientes que aprobó la pasada Legislatura. Esa iniciativa la presentó el entonces gobernador, el priista Héctor Astudillo.
El principal argumento de la SCJN para revocar la anterior ley fue que precisamente el Congreso no consultó a los pueblos indígenas. La Corte ordenó que en un año se elaborara otra ley, pero ésta tendría que ser consultada con criterios claros: que fuera previa, informada, de buena fe y adecuada culturalmente. Dictó un plazo: 14 de abril de 2022.
Otro punto de la resolución de la SCJN indica que si los legisladores no cumplen con la consulta, según los criterios que establecieron, serán destituidos del cargo por desacato.
En la marcha participó Miguel Solano Santana, quien viajó seis horas desde su pueblo, Arroyo San Pedro, en el municipio de Iliatenco, en la Montaña. Miguel aseguró que a su pueblo ningún diputado ni representante del Congreso ha llegado para presentar la iniciativa de ley.
“Tal vez no van porque saben que no nos dejamos engañar”, dijo el integrante de la Crac y de la policía comunitaria, que en su pueblo funciona desde 1995.
Cuando Miguel dice que en su pueblo no se dejarán engañar, se refiere a las constantes denuncias de que los diputados asisten a las comunidades y piden a los comisarios que rellenen un cuestionario y que lo firmen diciendo que están a favor de la consulta.
Vidulfo Rosales dijo que la SCJN indicó que la consulta debe ser un diálogo abierto sostenido, con cierta consistencia y no una reunión apresurada o el rellenado de un formato.
“Lo que pasa es que a los diputados ya no les dará tiempo de hacer una consulta de forma correcta, tuvieron un año y no hicieron nada”, lamentó.
El abogado de Tlachinollan confió en que la Suprema Corte haga valer los criterios que ellos mismos establecieron y no se dejen engañar por los diputados.
Uno de los puntos que los pueblos originarios quieren que se incluya en la nueva ley es que se garantice su derecho a establecer sus propios sistemas de seguridad y justicia, como hasta ahora funcionan la Crac y su policía comunitaria.
Una de las características de este sistema de la Crac es que todo lo deciden en asambleas, desde la elección de los policías hasta los castigos que se imponen, como ocurrió recién en El Platanal, donde condenaron a través de los usos y costumbres a 25 años de prisión a un feminicida.