Más Información
Tijuana.— Cuando Alonso caminaba a su trabajo, una protesta que se tornó violenta interrumpió su camino. Taxistas y policías se lanzaban piedras y puñetazos. Llamó a su hermana y, en su idioma nativo, el tzeltal, le dijo que se iba a regresar, pero antes de cruzar la calle lo detuvieron; dijeron que era taxista, lo acusaron de agredir a policías. Alonso tenía menos de un mes en Tijuana, no habla casi español y no sabe conducir.
El pasado 23 de octubre, la agrupación de taxis rojo y negro realizaba un bloqueo y se enfrentó con oficiales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Fueron detenidas 14 personas, incluido Alonso; tras cuatro días, la jueza Verónica Castaño los vinculó a proceso y envió a prisión preventiva justificada, acusados de ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y lesiones. Desde entonces, Alonso permanece en el penal de La Mesa, en Tijuana, sin poder comunicarse con su familia.
Pese a que su hermana advirtió desde el primer día que Alonso es indígena y no domina el español, ni durante su declaración ni en la audiencia de vinculación a proceso contó con traductor, como lo ordena la Constitución Mexicana en su artículo 2, apartado A, fracción VIII.
“Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, establece la Constitución.
“Yo les dije a los señores donde los detuvieron la primera vez [en el Ministerio Público] que él no hablaba español, pero no me hicieron caso… luego igual le dije a otro licenciado de ahí que nos atendió y se los volví a decir a los policías de la cárcel, hasta le entregué una carta en tzeltal para que me pueda entender bien, porque medio entiende el español, pero no lo habla casi nada”, lamenta Patrona Jiménez, su hermana y única familia en Tijuana.
Los hermanos Jiménez son originarios de Tenejapa, en Chiapas. En septiembre pasado él decidió trasladarse a Tijuana.
Petrona dice que Alonso eligió Tijuana porque había escuchado que era una ciudad que recibe a quien llega a trabajar. Ella, Alonso y otra hermana llegaron a la frontera; él, de 31 años, consiguió un empleo en una tienda de uniformes.
Erick González es familiar de uno de los detenidos, estuvo presente en la audiencia donde Alonso y el resto fueron vinculados a proceso. Dijo que la única evidencia que se presentó fueron las declaraciones de cinco oficiales que aseguraron haber sido agredidos.
No hubo videos, imágenes ni más pruebas que relacionaran a Alonso y los detenidos con las agresiones.
“No entiendo por qué se los llevaron a prisión, es completamente desproporcionado… la jueza dijo que no ameritaba prisión preventiva oficiosa, iba a ordenar [prisión] justificada porque, a su criterio, son un peligro para la sociedad, yo pienso que es más peligroso un Estado que acusa inocentes”, lamentó.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja por posibles violaciones a los derechos de Alonso, por ser parte de un grupo vulnerable, así como de los otros detenidos.
EL UNIVERSAL confirmó que Alonso no contó con intérprete.
Por su parte, el Poder Judicial expuso que “Alonso ‘N’, a las 10:56 horas con 23 segundos, de manera clara, precisa y de viva voz refirió no tener dudas, encontrándose debidamente representado por el licenciado Eduardo Jesús Miranda Cruz, como defensor privado, quien garantizó la defensa técnica y adecuada de dicho imputado”.
