Puebla.— La nueva Ley de Educación para Puebla, que contempla sanciones por retención de documentos oficiales y que los inmuebles sean parte del sistema educativo, ha generado una fuerte confrontación entre el gobernador morenista, Luis Miguel Barbosa Huerta, y el sector educativo.
La iniciativa, que fue aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de Morena en el Congreso local, otorga facultades a la la Auditoría Superior del Estado (ASE) de auditar los recursos manejados por universidades públicas.
También permite a la Secretaría de Educación revisar las colegiaturas para las universidades privadas, las cuales, en caso de excederse, podrían recibir multas de hasta un millón de pesos, ser clausuradas o sufrir la cancelación de permisos por parte de la autoridad competente. De igual manera, se establecen sanciones si se exceden en las cuotas o si las escuelas privadas retienen documentos personales o académicos a los alumnos por falta de pagos.
La reforma provocó las quejas del Consorcio Universitario —compuesto por seis universidades públicas y privadas—, así como de diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN).
Denunciaron una sobrerregulación por parte de la autoridad educativa estatal para planteles y programas, violando la libertad académica, y también rechazaron la regulación de las cuotas escolares que deberá cobrar una institución en cada nivel educativo.
El Consorcio Universitario acusó que se vulnera su derecho a la obtención y gestión lícita de recursos. Sin embargo, el tema que más revuelo ha generado es el artículo 105 de la ley, que —según sus críticos— facultaría al gobierno estatal para apropiarse de los bienes de las escuelas privadas.
Al respecto, el gobernador Barbosa Huerta aseguró que “su alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles, sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a los que son destinados”.
Ante la polémica generada, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la ley será revisada ante la Corte. “Tengo mis dudas respecto de la armonización de esta ley, respecto del patrimonio, respecto de la orientación, pero pues será revisada seguramente ante la Corte en una acción de inconstitucionalidad”. La ley fue publicada el 18 de mayo en el Periódico Oficial del Estado.