El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (Morena), el cual concluye el 30 de noviembre, dejará al menos seis grandes pendientes en Veracruz, entre ellos el de la seguridad ciudadana y la atención al tema de desaparecidos políticos, aseguró el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Al hacer un balance de la administración estatal, el político de izquierda destacó que por el contrario los aciertos van desde la alta coordinación que tuvo con la federación, estar al pendiente de las necesidades del pueblo, un equilibrio en el manejo de poderes con las mujeres, la incorporación de jóvenes en tareas de gobierno y la transparencia.
El ex delegado de programas federales en Veracruz, un hombre crítico de la administración estatal, rechazó que tenga conflictos con el gobernador saliente.
“La verdad no tengo malas relaciones con nadie ni con mis adversarios más históricos (…) Cuitláhuac es un compañero de lucha y a veces quieren vernos pelear pero la verdad no, pero no quiere decir que sea soplamero o quieran que esté aplaudiendo todo y soy critico de lo que considero que no es correcto”, expuso.
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El senador desmenuzó los pendientes de la administración morenista, que van desde la falta de apoyo a la producción, poca atención a los caminos carreteros, deficiencia en el ritmo al sector salud, falta de participación ciudadana en la toma de decisiones, entre ellas la revocación de mandato.
Así como la carencia de una política clara en materia de seguridad ciudadana y un déficit en tema de desaparecidos políticos, en ésta última, dijo, “faltó sensibilidad para ver esa parte”.
Desde su óptica, el tema de la seguridad ciudadana deberá ser atendido por la nueva administración, pues en la gestión de García Jiménez ni siquiera cambiaron el concepto de Seguridad Pública por el de Ciudadana.
“Sin duda (un pendiente), fue insuficiente, lo positivo de haber mantenido las mesas de Coordinación por la Paz ayudó mucho, pero en materia de seguridad ni siquiera no solo haberle cambiado el nombre, sino dotar para cambiar el concepto, los instrumentos legales, constitucionales, presupuestales e institucionales”, dijo.
En cuanto al tema de la posible corrupción, expuso que “hay cosas que están a los ojos” y puso como ejemplo la construcción de carreteras en el estado, las cuales a los pocos días de inauguradas se desdibujaban.
“Claro que ahí hay algún elemento que debe ser revisado y analizado para que no carguen justos por pecadores”, dijo.
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Y consideró necesario revisar los motivos por los cuales el Gobierno estatal devolvió recursos a la federación por no haberlos ejercido, situación que si bien no tachó de corrupción, si dijo es necesario analizarla.
“Obviamente demuestra que si ocurriera es unan incapacidad porque necesidades hay muchas, no dudo pero no lo he visto, pero será un tema que tenemos que revisar (…) éticamente sería una falta de atención y respeto a los ciudadanos”, manifestó.
Indicó que otro tema que quedó pendiente y debe ser atendido es la dotación de agua potable a la población, pues es paradójico que mientras la entidad cuenta con grandes cantidades hídricas, la población sufra del vital líquido.
“El tema del agua y es paradójico: hay agua pero no sirve para lo que queremos, que sea un derecho de los ciudadanos para tener por norma constitucional de calidad y cantidad suficiente”, señaló.
Al mismo tiempo deploró los casos de nepotismo en la administración pública estatal y reconoció que en muchas ocasiones las propias leyes permiten “trampear” la inclusión de integrantes de una sola familia en distintas dependencias y cargos.
“Y esa la sanción publica, porque no se puede ocultar por más que digan: no es mi primo y no es mi hermano, la gente está viendo esas prácticas porque además esas prácticas se involucran en temas de corrupción”, dijo y consideró necesario reformar las leyes para colocar candados.
Y es que familias cercanas al gobernador morenista de Veracruz, ocuparon durante casi los seis años de su administración diversos cargos públicos en poderes del estado y municipios.
Por ejemplo, dos hijos del entonces subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Eleazar Guerrero Pérez, estuvieron en nómina; en tanto, dos hermanas de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano, ocuparon una magistratura y una posición en municipio de Xalapa, y su cuñado fue secretario de Despacho.
Además, el hermano de la jefa del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, fue designado como Secretario de Turismo; y la esposa del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, trabajaba en el Ayuntamiento de Xalapa.
Y el ahora ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, tenía a familiares en distintos cargos: su padre alcalde, su hermano ya fallecido fue presidente del Congreso en Campeche, y al menos cinco familiares aparecen en distintas nóminas.
LL
