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Monterrey.— Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, reconoció que para subsanar el profundo agravio que representan las desapariciones para las familias y la sociedad, es necesario recuperar el control del territorio para garantizar la seguridad y acabar con la impunidad.
El funcionario acudió a la presentación del Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en Nuevo León, impulsado por la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (Cadhac), en el cual participan autoridades e instituciones de los tres niveles y que cuenta con la colaboración de agencias internacionales.
Encinas señaló que este es el primer plan que se presenta en el país y puede convertirse en un nuevo paradigma y referente en materia de desaparición forzada.
Se buscaría, dijo, que se replique en otros estados, “pues logra de manera positiva la concurrencia de tres actores fundamentales: la sociedad civil, representada por las familias y los colectivos; los tres órdenes de gobierno y las agencias de cooperación internacional con experiencia en la búsqueda de personas.
El subsecretario comentó que durante muchos años el Estado mexicano estuvo ausente en las tareas de búsqueda y ante este vacío, las familias tuvieron que hacerse cargo de ellas.
Se comprometió, en representación de la Federación y de forma personal, a darle acompañamiento a este programa, que tiene como líneas de acción fortalecer las tareas de búsqueda en vida, análisis de contexto, los servicios periciales y de identificación humana, así como la prevención en colaboración con los municipios.
Encinas Rodríguez dijo que el nuevo gobierno ha puesto en marcha un replanteamiento total de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y confió en que la participación de los familiares debe desembocar en una revisión a la ley para enfrentar a las omisiones, la burocracia y la discrecionalidad para atender los casos de desaparición forzada.
La directora de Cadhac, Consuelo Morales Elizondo, dijo que construir mecanismos que acerquen la justicia y la verdad a familiares de personas desaparecidas es una obligación para seguir avanzando en materia de derechos humanos en el país.
Señaló que el plan estratégico en el estado es una oportunidad histórica para atender de manera contundente e integral el daño que han sufrido los familiares de personas desaparecidas en la entidad, un delito que a menudo se combina con otras violaciones graves de los derechos humanos, como la práctica de la tortura, que se ve facilitada por el hecho de que las víctimas quedan fuera de la protección de la ley y no tienen acceso a recursos legales.
Explicó que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en la entidad se contabilizaron 2 mil 919 personas desaparecidas de 2006 a 2018, siendo 2010 y 2011 los años en los que se perpetró el mayor número de desapariciones.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua, afirmó que el gobierno estatal se sumará a este esfuerzo para la búsqueda de personas desaparecidas, con la formación de una división científica, que contará con 500 efectivos.