Juxtlahuaca.— En los últimos días, en Yosoyuxi Copala apenas se duerme. En esta comunidad habitada por la nación triqui las personas tienen que permanecer en alerta, pues la violencia volvió con ataques armados y alejó la esperanza de los desplazados de volver a su casa, a Tierra Blanca.
“Desde ahí comenzaron a disparar hacia el pueblo, aunque pareciera que también hacia acá. Han sido días muy difíciles desde que comenzaron las detonaciones, estamos siempre en alerta”, dice un hombre de más 40 años mientras mira a lo lejos y señala la cima del cerro que está a un lado del albergue donde se resguarda desde hace un año y tres meses.
A cinco días de que autoridades municipales de Juxtlahuaca y del gobierno de Oaxaca aceptaran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el desplazamiento forzado interno de 137 familias de Tierra Blanca, la violencia regresó a esta región con ataques armados, al menos un asesinato, e incendios forestales que es imposible sofocar por la falta de condiciones de seguridad, por lo que se frenaron los intentos de pacificación.
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Lo anterior, porque pese a que la CNDH dio tres meses de plazo para concretar el retorno de los desplazados, por la violencia se suspendió la mesa de diálogo entre autoridades, organizaciones sociales y representantes de las familias, muchas de las cuales permanecen en un plantón en la Ciudad de México tras huir de ataques armados.
De acuerdo con el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García, el pasado 15 de marzo se aceptaron las recomendaciones de la CNDH; sin embargo, el diálogo fue pausado luego de que se reportaran balaceras durante la última semana en la zona de Yosoyuxi y Tierra Blanca Copala.
“Ya nos habíamos sentado a una plática con las familias. Los diálogos han sido con representantes de desplazados, de organizaciones, gobiernos federal y estatal y la fiscalía general [...] estábamos avanzando para ver cómo era el regreso, pero tras los reportes de balaceras e incendios en la zona, se detuvo ese tema, por la inseguridad entre las comunidades”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.
Al respecto, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) explica que tras aceptarse la recomendación, se busca continuar con las mesas de diálogo para construir condiciones de paz que permitan el retorno, mientras que la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) del gobierno estatal será responsable de brindar los apoyos alimentarios que se contemplan.
Mientras que una fuente del gobierno estatal, que pidió el anonimato, señala a Rogelio Pensamientos y a Emelia Ortiz, de la dirigencia del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), una de las organizaciones en disputa, de impedir “a toda costa” el retorno con pretextos y exigencias de obras, así como de bloquear el ingreso de brigadistas para combatir el incendio que avanza en la zona.
Horacio García, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), la otra organización, indica que para la pacificación de la zona primero debe haber paz en Tierra Blanca; sin embargo, también acusa que el MULT no ha puesto voluntad.
“Los últimos hechos nos hacen pensar que el MULT se siente acorralado [...] se han opuesto al retorno, no han permitido el ingreso de las comisiones interinstitucionales, se retiraron del diálogo, han querido imponer sus condiciones para quienes quieren retornar, amenazado a la población, y no quieren que ingrese la seguridad pública.
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“Durante todo este año han obstaculizado el proceso con argumentos infundados y hasta de poca seriedad”, acusa.
Como respuesta, Eleazar Ortiz Ramírez, integrante de la Dirección Política del MULT, explica que su retiro de la mesa de diálogo se debe a la falta de seguridad en la zona.
“Hicimos alto al diálogo porque no es posible que mientras estemos en la región haya violencia. El gobierno se tiene que sentar a platicar con quienes buscan la violencia para un alto al fuego”, afirma.
En estos días, en la nación triqui se teme por igual al fuego que devora bosques que a una bala perdida, pues desde que iniciaron los disparos, los niños y las mujeres permanecen en el comedor por temor de ser alcanzados. Mientras que nadie se atreve a ayudar a apagar el incendio que continúa en los límites de ambas comunidades por temor a ser capturados por las personas armadas.
“Cuando los niños escuchan las balaceras se meten corriendo porque les da mucho miedo, desde que salimos de Tierra Blanca hasta hoy, ellos se ponen muy mal, algunos comienzan a llorar”, dicen en el albergue.
Eso es precisamente lo que denuncian representantes de los desplazados que, a final de cuentas, los afectados por las disputas entre las organizaciones, las víctimas, “son las mujeres, niños que pagan el costo de esta situación”.
