El gobernador de Tabasco

, Adán Augusto López Hernández , respondió a los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , quienes criticaron la llamada “Ley Garrote” , afirmando que están equivocados porque ni siquiera conocen el contenido de la reforma al Código Penal del estado , donde se establecieron penas de hasta 20 años de cárcel a quienes extorsionen u obstaculicen el trabajo de las empresas públicas o privadas.

En una carta enviada al Gobierno Mexicano y que fue firmada por David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; por Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad reunión pacífica y de asociación; y por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, se muestra la preocupación porque con esta reforma se criminalicen las protestas sociales.

En este sentido, el mandatario tabasqueño se dijo respetuoso de la opinión de este organismo, al señalar que tiene todo su reconocimiento como una institución que es un baluarte para el mundo pero que en esta ocasión se equivocan sus relatores.

“Desafortunadamente creo que los señores relatores, que tienen todos el derecho de manifestar opinión, pues se equivocan en el caso de Tabasco porque ni siquiera leyeron la reforma, alguien les pasó mal el fax, porque están hablando de un artículo que no existe”, afirmó.

En entrevista, López Hernández reiteró que se equivocan los tres relatores y señaló: “Según ellos el artículo 308 bis, leo lo que están transcribiendo en su opinión, estipula “Que aquél que impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinarias o equipo especializado”, se les olvida que este no es el texto de la reforma que se publicó, entonces es respetable su opinión”, apuntó.

El Jefe del Ejecutivo Estatal y quien es el autor de esta reforma aprobada por el Congreso de Tabasco, señaló que los relatores de la ONU están en su derecho, si ellos consideran que hay lugar a presentar alguna acción jurídica, inconstitucionalidad, inconformidad de amparo, o cualquier otro medio de impugnación. “Están en la libertad de hacerlo”, reiteró.

“Ese tema ha sido objeto de mucha controversia de quienes han querido sacar raja política, y que como en este caso, ni siquiera conocen la reforma al Código”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Calcáneo Arguelles, señaló que este martes termino su consulta estatal realizada en redes sociales para determinar si presentan o no una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decisión que deberán tomar dijo, antes del 30 de agosto, que es la fecha limite para impugnar esta reforma.

En tanto que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)-Tabasco, Ricardo Castellanos Martínez de Castro, afirmó que la modificación legal es para combatir la extorsión de personas y seudo lideres que impiden el acceso a zonas petroleras exigiendo un pago o dádivas a las empresas.

afcl

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