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Juchitán.— Mientras en la región del Istmo de Tehuantepec se vive la angustia, el miedo y la ansiedad por los acelerados contagios del Covid-19 registrados en las últimas cuatro semanas, sobre todo en la ciudad zapoteca de Juchitán; en la comunidad zoque de Santa María Chimalapa, pobladores piden ayuda por diversos medios, ante los constantes fallecimientos por “causas desconocidas”, relacionadas con tos, fiebre y diarrea.
De acuerdo con testimonios proporcionados a EL UNIVERSAL, al menos una veintena de personas han muerto en este municipio, el más extenso del estado, ubicado entre la selva de Los Chimalapas y que oficialmente reporta dos contagios de coronavirus, pero ninguna defunción.
El coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, explica que indígenas zoques de esa población perteneciente a la región istmeña han estado haciendo llamados de auxilio porque desde hace 15 días, los fallecimientos de personas, sobre todo de la tercera edad, son cada vez más frecuentes.
El problema, dice, se agrava porque en Santa María Chimalapa no hay ni clínicas de salud ni autoridades municipales y para aspirar a recibir atención médica, los habitantes tendrían que viajar más de dos horas en carretera, 87.9 kilómetros hasta el Hospital General Macedonio Benítez, de Juchitán, aunque está cerrado por un brote de Covid-19, o 78.2 kilómetros a Matías Romero, donde el hospital sólo cuenta con algunas camas.
Precisamente es con estas ciudades del Istmo con quienes los habitantes de Los Chimalapas mantienen vínculos comerciales, principalmente con Juchitán, ciudad zapoteca que vive una crisis por el Covid-19 que ha dejado más de un centenar de defunciones desde finales de julio, y por la que esta semana se decretó el cierre total de los negocios.
“Aquí en el pueblo la gente se está muriendo, unos porque tenían tos y calentura, otros porque les dio diarrea y dolor de pecho, porque se ahogaban y no podían respirar. Eso han dicho sus familiares. Sabemos que se están muriendo, pero no sabemos de qué y por eso pedimos que las autoridades manden brigadas de médicos y expliquen qué está pasando”, cuenta con preocupación Ignacio, habitante de Santa María Chimalapa.
Mientras personas de la tercera edad están falleciendo por causas desconocidas, las dos clínicas de salud de la comunidad no brindan ningún servicio. Una, la que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tiene personal médico ni de enfermería, mientras que la de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) está cerrada y ni siquiera cuenta con clave.
En realidad, los pobladores zoques ya olvidaron cuántos años lleva cerrada la Casa de Salud de los SSO, que fue abandonada por los gobiernos federal y estatal porque “no tiene clave”.
Esta expresión, “no tiene clave”, es una forma de burocracia médica entre las comunidades indígenas, que significa que el gobierno de Oaxaca no puede aportar personal ni medicinas, porque la clínica no fue autorizada ni gestionada ante las autoridades federales, para así ser incorporada al presupuesto para cubrir los costos de trabajadores y medicamentos.
Por esta razón, explica el encargado de la Jurisdicción Sanitaria número 2 en el Istmo, el médico Gonzalo Cruz Antonio, es que en este municipio la atención médica no corresponde a los SSO sino que es responsabilidad del IMSS y, por ello, no pueden ingresar sin la autorización de esa institución médica de seguridad social.
Frente a esta problemática, el supervisor del hospital del IMSS de Matías Romero, Mauricio Arellanes, promete que la situación será investigada y agrega que cada dependencia tiene su área de responsabilidad. “Las autoridades municipales aún no nos avisan”, asegura.
Nadie lo ha hecho porque en Santa María Chimalapa no hay autoridad municipal que gestione la atención médica, pues en marzo pasado el edil electo bajo el sistema de Usos y Costumbres, Ildefonso López, fue desconocido por la Sala Xalapa del Tribunal Federal Electoral (TRIFE). Desde entonces, la comunidad no tiene presidente municipal.
“Estamos solos, sin nadie que nos diga qué hacer”, clama Celia, pues por el momento, ni los SSO ni el IMSS han respondido a los llamados de auxilio de esta población zoque. “Sin gobierno y sin médicos, ¿qué podemos esperar?”, cuestiona Miguel Ángel García.
“No es posible que por problemas de jurisdicción ninguna autoridad médica atienda las necesidades de la población que lleva más de dos semanas enterrando a sus muertos y sin saber por qué mueren”.
