El 9 de diciembre del 2022, la Fiscalía General de Estado (FGE) organizó un tour para medios de comunicación locales y nacionales por casas, ranchos, fincas del presunto líder de la organización criminal la Familia Michoacana , José Alfredo Hurtado Olascoaga, en los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero. Los agentes explicaron a los reporteros y reporteras los pormenores de las guaridas. Les mostraron las excentricidades, los lujos, incluso hasta el uso que les daban a esas residencias. Los metieron —literal— hasta la cocina.
Lee también: Cae José Guadalupe Tapia Quintero “El Lupe”, operador del "Mayo" Zambada
El tour fue planeado para mostrarle cómo estaban detrás de Alfredo Hurtado, el presunto autor intelectual de la masacre del 5 de octubre en San Miguel Totolapan, donde asesinaron a 23 personas, incluido el alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almeda.
Pero ni Alfredo Hurtado ni su hermano Johnny Hurtado Olascoaga, a los que las autoridades ubican como los líderes máximos de la Familia Michoacana, se sentían tan perseguidos. Dos días antes, el 7 de diciembre, un comando integrado por 80 hombres armados irrumpió en el penal del municipio de Coyuca de Benítez y se llevó a un reo.
Y un día después del tour, consumaron la siguiente masacre.
El mediodía del 5 de octubre, a San Miguel Totolapan llegaron unos cien hombres armados, según recuerdan los pobladores. Se dividieron en dos grupos. Unos se fueron a un lavado de autos en la calle Emiliano Zapata y el otro al ayuntamiento.
En el lavado estaba el alcalde, Conrado Mendoza, su padre, Juan Mendoza Acosta, y unas 21 personas más, casi todas parte del equipo de la familia Mendoza. Al lugar, irrumpió un comando y asesinó a todos.
El otro grupo disparó a la fachada del ayuntamiento hasta que se cansó.
Un día después, San Miguel Totolapan amaneció atrincherado: los pobladores encerrados, los comercios cerrados, las calles casi vacías, las clases se suspendieron, el servicio del transporte público, la gasolinera cerró. Se escuchó un silencio profundo. Media hora de balazos fueron suficientes para que el pueblo se hundiera en el miedo. Las huellas de la masacre estaban frescas, todo el alrededor del zócalo estaba repleto de casquillos de rifles Ak-47 y R-15. Las paredes del ayuntamiento certifican la magnitud del ataque: los agujeros estaban por todos lados de la fachada.
Ese mismo día, en redes sociales, Alfredo Hurtado aseguró que el objetivo del ataque era asesinarlo, pero se salvó porque no alcanzó a entrar al lavado. Acusó a un viejo rival, Los Tequileros.
20 días después, el gobierno federal desmintió al líder criminal y lo acusó de ser el autor intelectual de la masacre: en realidad Alfredo Hurtado fue quien convocó a la reunión.
“Según una línea sólida de investigación, los hermanos Hurtado Olascoaga, serían quiénes habrían perpetrado la multiejecución y trataron de simular que se trataba de otro grupo delictivo”, dijo el entonces subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja en la mañanera.
En esos días, a San Miguel Totolapan arribaron más de 2 mil efectivos entre soldados del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y la Ministerial. El pueblo se convirtió en búnker y, desde ahí, anunciaron, comenzaría la persecución contra los hermanos Hurtado Olascoaga.
LA HUELLA CRIMINAL
La Familia Michoacana no ha dejado de operar, sino todo lo contrario: se ha expandido. Se mueven como pez en el agua, pese a que la región de la Tierra Caliente está llena de policías y militares.
Tras la masacre de San Miguel Totolapan, esto es parte de su accionar:
El 7 de diciembre, 80 integrantes de la Familia Michoacana —según la fiscalía— irrumpieron en el penal de Coyuca de Catalán. Desarmaron a los custodios, entraron y se llevaron un reo que apenas había ingresado.
El 10 de diciembre, a la 1:30 de la tarde, a la comunidad de El Durazno, en sierra de Coyuca de Catalán, llegaron unas 10 camionetas rotuladas con las letras FM con hombres armados. Llamaron a los pobladores para se reunieran en el patio de la primaria Ignacio Zaragoza. Apenas comenzaban a llegar los primeros cuando inició la masacre. Asesinaron a siete personas, un adolescente de once años entre ellos. El resto de los habitantes cuando escucharon los balazos corrieron a protegerse.
La medianoche del 12 de diciembre, abandonaron el cadáver Samuel Ávila Marín, alías El Vago, el reo que fue sacado del penal de Coyuca de Catalán, sobre la carretera federal Iguala-Altamirano. Al cadáver le dejaron una cartulina donde el asesinato se lo acreditó un hombre que se identificó con el apodo de El Borrego y como integrante de la Familia Michoacana.
El 25 de diciembre del 2022, la Familia Michoacana privó de su libertad a Alan García Aguilar, Fernando Moreno Villegas y José Alberto Benítez Santos. Dos días después al reportero Jesús Pintor Alegre.
Moreno Villegas, Benítez Santos y Pintor Alegre fueron liberados unos 15 días después.
De la desaparición de Alán García y de los demás se supo hasta el 9 de enero, cuando en la página de Facebook Escenario Calentano, la Familia Michoacana subió un video.
"Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su página este video (sic)", dice un mensaje que acompañó el video donde Moreno Villegas y García Aguilar dicen —o los obligaron a decir— que están asumiendo las "consecuencias" por las publicaciones que hicieron contra esa organización criminal.
En ese video, Alán García dice que es el creador de la página Escenario Calentano. Es lo último que se sabe de Alán.
En enero, comenzó la disputa por la región Norte. Desde hace días, la violencia se recrudeció en Iguala: asesinatos, ataques, cadáveres abandonados. Muchos de estos crímenes van firmados por la Familia Michoacana.
También, la Familia Michoacana apareció en el conflicto en los municipios de Apaxtla y Teloloapan, donde las organizaciones criminales Los Tlacos y La Bandera mantienen una disputa.
El sábado 21 de enero del 2023, en Apaxtla, en una operación que encabezó la Policía Estatal fueron detenidos seis integrantes del grupo de autodefensa de la comunidad de Tlacotepec, vinculados a Los Tlacos y otros dos del Movimiento Apaxtlense. Dos días después policías, soldados de la Guardia Nacional y agentes de la FGE los liberaron en los límites de Guerrero y Michoacán, y ahora no se sabe nada de ellos. Desaparecieron.
El grupo de autodefensa de Tlacotepec denunció que los ocho detenidos fueron entregados a la Familia Michoacana.
De los últimos hechos de violencia donde se le vinculó la Familia Michoacana ocurrió en la comunidad de El Parotal, en la sierra del municipio de Petatlán, en la Costa Grande.
El Parotal forma parte de la sierra que comparte la región de la Costa Grande y la de Tierra Caliente. En esa zona está El Durazno, donde ocurrió la masacre del 10 de diciembre. Esa franja, de El Durazno hasta Santa Rosa, pasando por El Parotal, la intenta controlar la Familia Michoacana.
Lee también: Ofrecen un millón de pesos de recompensa por Jorge Alberto, exalcalde de Mazatlán
LA INCURSIÓN EN PETATLÁN
Es de noche, están en la cancha o tal vez el atrio de la iglesia del poblado de El Parotal, en Petatlán. Es el 28 de enero del 2023. Unos 32 agentes de la Policía Estatal están sometidos: están desarmados, sin sus chalecos, ni sus guarniciones. Aún conservan parte del uniforme. Unos están en pie, otro en cuclillas. Obedecen las órdenes. Están sometidos a un interrogatorio.
La escena es parte de un video de menos de un minuto que fue grabado por los pobladores de El Parotal y que se difundió en redes sociales:
—¿Con qué grupo venían?
—Con la Familia Michoacana.
—¿Qué le pasó a los que venían con ustedes, a los de la Familia Michoacana?
—Se murieron.
—¿Saben por qué se murieron? ¿Saben qué hicieron cuando llegaron?
—Sí.
—¿Pero qué hicieron? Contesten —insiste la voz en off.
—Robamos, nos metimos sin autorización a las casas —se escucha un coro dispar.
—Bueno, ya está. Ya está.
La tarde del 28 de enero, a El Parotal arribó un convoy conformado por cinco patrullas comandadas por el director de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Policía Estatal, el capitán de la Marina, Jaime Téllez Díaz, que apenas días a tras había tomado el cargo.
Según los pobladores, los policías llegaron y comenzaron a golpear a la gente, se metieron a las casas, hicieron desmanes y robaron. Cuando salían del pueblo, un grupo de habitantes los esperó en el camino. Les pidieron que se identificaran, todos los policías lo hicieron menos los tres hombres vestidos de civiles que iban en convoy de la UFE.
Los pobladores se enfocaron en los civiles porque, dijeron, ubicaron a uno, como poblador de la comunidad vecina Santa Rosa y como integrante de la Familia Michoacana. Los policías se resistieron y después de eso no hay claridad sobre qué pasó.
Los pobladores dicen que se enfrentaron con los policías; el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, aseguró que los pobladores atacaron directamente a los agentes. Lo único cierto es que ese día murió el director de la UFE, otro agente y los tres civiles.
En otro video, una policía, identificada como Blanca Estela, confesó que recogieron a los tres civiles en el hotel Fiesta Americana en Acapulco por órdenes del subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving Jiménez Sánchez.
Desde ese día hay muchas dudas y el gobierno de Guerrero ha seguido su tendencia: guardar silencio.
¿Quién ordenó esa operación?, ¿Cuál era su objetivo?, ¿Quiénes eran los tres civiles que iban en convoy oficial?, ¿Por qué iban en el convoy oficial?, ¿Eran de la Familia Michoacana?
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.