Ures.— El derrame de sustancias venenosas al río Sonora provocó un drástico cambio en la vida de Mónica Real Rivera, vecina del municipio de Ures, Sonora. Recuerda que su familia se sostenía de una ladrillera y una tortillería. No sólo sus negocios se desplomaron, también se colapsó su vida personal.
Su familia se desintegró, terminó divorciada y vendiendo ropa usada en la plaza del pueblo: “Soy una de las afectadas a causa del derrame y a la fecha la empresa no se ha hecho cargo de todas afectaciones que provocó”, afirma.
Enfadada hace una síntesis de los incumplimientos por parte de Grupo México. No tenemos agua limpia, tenemos que comprar el líquido, prometieron instalar potabilizadoras y nada, el hospital ya lo cerraron y a los enfermos los dejaron volando.
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Hace 10 años del suceso y la contaminación se sigue filtrando, expresó la mujer de 58 años de edad: “Todavía hay gente con cáncer, mala de los riñones, personas han muerto, pero no hay censo ni como comprobarlo. Habían dicho que iban a monitorear a toda la gente del río Sonora, iban a tomar muestras por 15 años, pero fue al principio, eso ya lo tiraron al olvido”, narra.
“El Presidente prometió que iba a arreglarlo y tampoco pasó de ahí, es como todo, pura corrupción, ahí salieron beneficiados unos cuantos que la minera negoció con ellos. Ahí le tiraron a la gente con cualquier cosa de dinero para calmarla, pero desgraciadamente la gente ve dinero y no piensan a futuro, quieren dinero en el momento y no piensan a futuro.
“Deben de entender eso y aquí es lo que ha faltado, unión para que nos den lo que nos prometieron, que nos pongan la clínica y las potabilizadoras”, dijo Mónica al relatar su historia, una de las miles que hay en ocho municipios afectados por el ecocidio.
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