Tijuana.— Es casi medianoche y los colectivos hacen guardia dentro y fuera de Casa Campos, un sitio de horror levantado con ladrillos, varillas y concreto. Es un espacio enclavado en la zona este de Tijuana, convertido en cementerio clandestino en el que familias se atrincheraron durante casi una semana para desenterrar al menos seis de siete cuerpos.
En noviembre de 2019, un grupo de madres llegó a ese domicilio guiadas por uno de los presuntos implicados en el asesinato y desaparición de varios jóvenes, por órdenes de quien estaba a cargo de la distribución de droga en esa región. Entre los desaparecidos había dos adolescentes, los hijos de Bárbara Martínez y July Hernández.
“Busqué hasta por debajo de las piedras hasta que alguien, por culpa o no sé [por qué], me dio información (...) Siempre le dije que no lo quería en prisión ni nada, sólo quería saber dónde estaba mi hijo”, cuenta July.
Así, bajo la promesa de que no habría represalias, dio con la casa ubicada en la calle Cecilia Guerra, colonia Campos.
El hombre de rostro desconocido las guiaba paso a paso por teléfono. En un pasillo, en la esquina de la casa, primero removieron la tierra y luego un piso de concreto, que él mismo les había advertido que encontrarían.
Pasaron casi tres días cavando, la última noche July lo supo, un zapato y parte de la ropa le dieron la certeza: los huesos que hallaron eran de su hijo.
Desde entonces, la Fiscalía General del Estado (FGE), que les había pedido una prueba de que en esa casa había cuerpos, les prometió que pediría una orden de cateo o de extinción de dominio para buscar a más desaparecidos. No lo hicieron.
Diez meses después
Era 12 de septiembre, fecha pactada por los colectivos para cumplir con su plan: irrumpirían en Casa Campos con o sin orden judicial. En caravana llegaron a la entrada, colocaron una barricada con llantas y maderas viejas, a las que estaban dispuestos a rociar con gasolina si la autoridad los sacaba. La paciencia se les había terminado.
Tomaron la decisión de entrar luego de que la FGE, a través de Ricardo Iván Carpio, les prometiera una vez más que entrarían a buscar los cuerpos. Unos 20 días antes, cuando las organizaciones le exigieron resultados y advirtieron que entrarían, Carpio les había dicho que en 10 días ingresarían, pero no cumplió.
“No entiendo por qué si ya tenían una prueba de que había muertos no hicieron nada”, reclama Bárbara Martínez, una mujer de estatura pequeña que viste una camisa con el rostro de su hijo al ras del corazón.
“Me amenazaron que me iban a detener si entraba a buscar, pues antes saco a mi hijo y luego yo me entrego si quieren”, dice.
Cuando entraron, sólo un par de ministeriales custodiaba el domicilio, pero en menos de cinco minutos al menos seis camionetas judiciales rodearon la casa. No pudieron detenerlos.
Durante la primera noche nadie descansó. Lo mismo tomaron la pala hombres y mujeres, cavaron y siguieron cavando, entraron a donde la autoridad no se atrevió. Comieron burritos y bebieron café.
Fueron días y horas continuas en las que rompiendo el concreto, quitando escombros y basura —algunos con sangre en los nudillos—, moliendo la tierra húmeda de la casa donde, aseguran algunos de los vecinos, salían gritos de horror.
“Mi hijo ya me había pedido que no pasara frente a esa casa (...) A veces escuchábamos gritos o veíamos llegar camionetas con gente que luego ya no salía”, explica una de las vecinas que prefiere no ser identificada.
Otra persona dijo que una vez reportaron al número de emergencias que alguien pedía ayuda, pero que nadie llegó: “Entendimos que no nos podíamos meter. No supimos quién era, pero estaba protegido”.
Los colectivos duraron ocho días excavando hasta que lograron un acuerdo con el gobierno estatal: la semana pasada se demolió la casa y se limpiaron los escombros para que agentes de la FGE caven y rastreen.
Fernando Ortigoza, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, reconoce que el trabajo ha sido de las mamás y papás que están encontrando a sus hijos desaparecidos.
