Quetzaltenango, Guatemala.— Justicia, castigo e indemnización exige Catarina Tambriz Coj, indígena quiché madre de Manuel Alexander Chox Tambriz, de 20 años, uno de los 39 hombres que murieron la noche del lunes en el incendio dentro de la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La mujer condena que hayan dejado encerrado a su hijo junto a más de 60 migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) durante un incendio que al final le costó la vida.
“Me siento desconsolada, hace ocho días lo vi irse, el domingo tuve comunicación con él y ahora ya no podré verlo”, dice la mujer entre el llanto.
“Pido justicia, castigo e indemnización por la muerte de mi hijo, lo dejaron que se muriera encerrado con los otros migrantes”.
En medio de la tristeza, doña Catarina, de 53 años y hablante del idioma quiché, relata a EL UNIVERSAL —a través de un traductor— que la tarde del pasado domingo 26 de marzo platicó con su hijo por teléfono.
En esa charla, Manuel Alexander dijo a su madre que los oficiales de migración lo habían detenido y que estaba encerrado en una cárcel.
“Fue la última vez que hablé con él y ahora está muerto. Vi en un video que no les abrieron la puerta, los dejaron morir encerrados en el fuego”, lamenta y llora la madre del joven, mientras otras mujeres la consuelan.
Catarina, acompañada por familiares y vecinos del cantón Pzit’e, donde reside en el municipio de Nahualá, acudió ayer a la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en Quetzaltenango, localidad ubicada en la región sur del occidente de Guatemala, para saber si su hijo está entre los fallecidos.
Personal de Relaciones Exteriores de Guatemala le informó que aún no podían confirmar o descartar el fallecimiento de su hijo porque el gobierno de México no había proporcionado la información de manera oficial.
Sin embargo, las autoridades guatemaltecas confirmaron ayer que son 20 los nacionales de ese país los que murieron en el incendio, cifra que coincide con una lista difundida por el Instituto Nacional de Migración de México, en la que está el nombre de Manuel Alexander entre los decesos.
Visiblemente consternada, Catarina recuerda que su hijo tomó la decisión de irse a Estados Unidos hace más de una semana empujado por la pobreza, falta de oportunidades de empleo y un conflicto armado por disputa de tierras entre los municipios de Nahualá e Ixtahuacán.
Su objetivo era llegar a Nueva York y reunirse con sus primos, pero el lunes fue detenido en Ciudad Juárez durante un operativo y recluido en la Estancia Migratoria Provisional.
La madre cuenta que su hijo, a quien describe como una persona alegre, tranquila, practicante de los valores y el respeto, sólo pudo estudiar hasta el segundo año de bachillerato por falta de dinero. Además, apoyaba a su hermano mayor, de 26 años, en la siembra de maíz, frijol y trigo para el consumo familiar.
Pobreza, conflictos armados y falta de oportunidades de empleo obligan a decenas de jóvenes a emigrar a Estados Unidos, coinciden otros pobladores del cantón Pzit’e.
La comunidad indígena se ubica en el municipio de Nahualá, perteneciente al departamento de Sololá, región que enfrenta graves problemas de pobreza, mortalidad infantil, desnutrición y falta de servicios públicos.
También mantiene un conflicto por límites territoriales desde hace más de un siglo, que recrudeció en diciembre del año pasado y que ya dejó 13 muertos durante un enfrentamiento a balazos.
Los pobladores explican que debido a este conflicto no pueden salir a cultivar sus tierras y sufren una crisis alimentaria.
“Estamos desesperados, no podemos ir a nuestras tierras porque nos disparan, por eso los jóvenes se van a buscar mejores condiciones”, dice una vecina. En esa realidad, Manuel Alexander era la esperanza de su madre.