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Juez que denunció abuso sexual acusa retiro de escolta

Ana Karina Aragón dice temer que le ocurra algo, ya que está siendo víctima de amenazas

La juez Ana Karina Aragón asegura que el objetivo del hostigamiento laboral que padece es orillarla a que en forma voluntaria se separe de su cargo. Foto: CORTESÍA: LÍNEA DIRECTA
01/06/2019 |02:32Javier Cabrera Martínez / Corresponsal |
Javier Cabrera Martínez
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Culiacán.— Ana Karina Aragón Cutiño, juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, quien en abril de 2017 denunció presunto acoso sexual por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, dijo que sin justificación le retiraron su escolta, por lo que la dejaron expuesta.

“Tengo miedo de que me suceda algo”, dijo, en virtud de que ninguna autoridad ha intervenido ante esta acción ilegal, ya que para cancelar la protección a una víctima debe ser una decisión colegiada, de común acuerdo y por escrito, precisó.

Ana Karina manifestó además que actualmente es víctima de hostigamiento laboral y recibe amenazas continuas, con una clara intención de llevarla a que en forma voluntaria se separe de su cargo o bien, buscar algún pretexto para despedirla.

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Desprotección. De acuerdo con la juez de Primera Instancia, ante las presiones que ejerció Enrique Inzunza ante sus familiares para que se desistiera de la denuncia, las partes llegaron a un acuerdo verbal, en el que le otorgó el perdón, con lo que se cerró la investigación por la vía legal.

Enfatizó que el caso se cerró el 11 de julio de 2018, no por falta de pruebas, sino porque le otorgó el perdón en un acuerdo verbal.

Con ello, la fiscalía estatal solicitó a la Dirección de Protección a Víctimas del estado brindarle resguardo, por lo que, desde agosto de 2018, un agente especializado fue designado como su escolta permanente.

La juez, adscrita a la zona sur del estado, expuso que el pasado 3 de mayo la administradora adscrita al Juzgado de Primera Instancia restringió el acceso a las instalaciones a su escolta, por lo que se vio obligada a promover un amparo.

El juez Octavo de Distrito ordenó permitir el acceso de su elemento de seguridad, ante esta acción, el Secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, remitió un informe al juzgador sobre las atribuciones de la Policía Procesal.

A pesar de que los lineamientos señalan que el custodio no debe perder de vista a quien se encuentra en riesgo, su escolta fue retirado.

La juez añadió que está en espera que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emita su resolución sobre la queja que interpuso contra sus compañeros magistrados y jueces, quienes firmaron un desplegado tachándola de una conducta dolosa, por identificar al presunto agresor, sin conocer el contenido de su denuncia por acoso.

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